El Gobierno ha vuelto a señalar un nuevo enemigo ideológico: la universidad privada. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un plan para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios. El objetivo, en palabras del propio presidente del Gobierno desde la UNED —la única universidad pública madrileña de carácter estatal—, es frenar el «avance de centros privados que priman el negocio sobre la calidad», a los que se refirió como «chiringuitos que no cumplen el nivel«.
El ataque directo no sólo apunta a las universidades privadas, sino que, de ser retroactivo, pondría en entredicho al propio Pedro Sánchez. El socialista obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, un centro privado ahora adscrito a la Universidad CEU San Pablo. Además, logró su polémico doctorado en Economía —sobre el que pesan acusaciones de plagio— en la Universidad Camilo José Cela, otra universidad privada madrileña.
Sánchez no es el único en el Ejecutivo con este historial. Cuatro de sus ministros también cursaron estudios en universidades privadas. Su propio hermano, David Sánchez Pérez-Castejón —investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública—, también pasó por un centro privado. Y su mujer, Begoña Gómez, ha estado al frente del África Center del Instituto de Empresa, una de las instituciones más elitistas de Madrid.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, obtuvo su título en Derecho en la Universidad de Deusto, fundada por la Compañía de Jesús en 1886. José Manuel Albares, jefe de la diplomacia española, también estudió allí. Por su parte, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se licenció en Derecho en la Universidad de Navarra, ligada al Opus Dei, y cursó allí un máster en Asesoría Fiscal. El titular de Industria, Jordi Hereu, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE —adscrita a la Universidad Ramón Llull— y posee un máster MBA por la misma institución.
Durante el fin de semana, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calentó aún más el ambiente durante un mitin del PSOE en Málaga: «La universidad privada es la principal amenaza para la clase trabajadora«. Denunció que algunos «se compran el título» mientras otros necesitan becas para poder estudiar, y sentenció: «No lo podemos consentir».
