El equipo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el prófugo de la Justicia española y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, están negociando una amnistía «reforzada» en lo jurídico que deje «sin margen de interpretación» a los jueces.
El objetivo es que los magistrados no puedan encontrar resquicios, como ocurrió con la reforma del delito de malversación en el Código Penal, que acabó descafeinada por el Tribunal Supremo, según aseguran fuentes consultadas por el diario El Confidencial.
Otro punto en el que habría cedido el Partido Socialista es en la inclusión del lawfare, es decir, la amnistía para todos aquellos que, según el criterio de Puigdemont, sufren persecución judicial por causas de la «lucha separatista» que no están relacionadas directamente con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, según publicó el domingo ElNacional.cat.
Así lo ha manifestado también Puigdemont en su cuenta de Twitter donde aseguró que ampliar el abanico de beneficiados por la amnistía es una condición «irrenunciable». «El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial», escribió el líder separatista.
En el ámbito económico y además de la condonación de 15.000 millones de deuda, Junts reclama el traspaso de competencias de la Agencia Tributaria, para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos.
