Día D, hora H para dos de los protagonistas del golpe de Estado llevado a cabo en Cataluña.
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, comparece este lunes por la mañana ante la Audiencia Nacional para declarar como imputado por sedición y con un completo atestado policial que acusa a la policía catalana de «inacción» en los disturbios del 20 de septiembre y -más importante- durante el 1-O.
Mientras, el aún no inhabilitado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, consume el plazo dado por el Gobierno para aclarar si declaró o no la independencia entre presiones de la CUP para que diga que ‘sí’ y la redacción, según fuentes del entorno de la Generalitat, de una respuesta ambigua que siga liando más la madeja separatista. Un 16 de octubre que escribirá una nueva página del desmadre catalán.
La comparecencia de Trapero
Trapero, acusado de sedición, comparecerá junto a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la intendente de los Mossos Teresa Laplana; todos acusados del mismo delito -sedición- y todos ante una posible condena de entre 8 y 15 años de cárcel.
Citados a partir de las nueve -una hora antes de que venza el plazo para Puigdemont- los cuatro imputados repiten paseíllo tras haber declarado el pasado día 6 ante la juez Carmen Lamela, que investiga el asedio a la Guardia Civil durante los registros policiales del 20 de septiembre. Ahora esa investigación se amplía gracias a un nuevo informe del instituto armado que extiende los hechos al 1-O y que podría conducir a la detención de alguno de los citados, dad la contundencia del informe: tanto la juez como la Guardia Civil creen que Sánchez y Cuixart «forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar» para conseguir la independencia de Cataluña e, incluso, les sitúan «en una posición decisoria similar» a la que ostenta la cúpula de la Generalitat, mientras que Trapero sería el brazo ejecutor del plan independentista.
Así, la juez ha citado como testigos a dos guardias civiles y a la secretaria judicial que ese 20 de septiembre, ante la concentración que mantuvo a varios agentes encerrados en la Consellería de Economía durante casi 24 horas, tuvo que salir del edificio por un teatro anexo camuflada entre el público.
Plan premeditado
En este nuevo atestado, la Guardia Civil extiende los hechos hasta el día del referéndum y considera «evidente» que el comportamiento de los Mossos durante la preparación y la celebración del 1-O no respondía a la voluntad individual de los agentes.
Al contrario, era parte de un «plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de Mossos», comandada por Trapero «y en conexión directa con miembros del comité estratégico», entre ellos Puigdemont.
El plazo de Puigdemont
Mientras, a pocas horas de que expire el plazo de Moncloa, la Generalitat insiste en erigirse como defensora de la democracia y aprovecha para ello el homenaje al Golpista Lluis Companys. Puigdemont reivindicaba la paz, el civismo, la serenidad y la firmeza democrática frente «a la bajeza del franquismo» e indicaba, quizá como pista, que sus próximas decisiones estarán inspiradas en estos valores.
Al otro lado de la cuerda, el Gobierno de Mariano Rajoy -que ha reconocido ya el daño a los intereses de España que ha causado el conflicto golpista pero que sigue, sin embargo, ofreciendo diálogo a Puigdemont- prepara los detalles para la puesta en marcha del inexplorado artículo 155.
Fuentes del Gobierno señalan que esperan la respuesta de Puigdemont con el deseo de que «acierte» y no prolongue la incertidumbre en la que consideran que ha sumido a la sociedad catalana.
El 155
Ante cualquier respuesta distinta al ‘no, no hubo declaración de independencia’, el Ejecutivo activará la segunda fase del artículo 155. Dada la ausencia de información por parte del Gobierno sobre cómo sería la aplicación del artículo, lo que se espera son medidas que podrían desembocar en la convocatoria de elecciones en Cataluña. «Hay muchas opciones sobre la mesa porque se trataría de aplicar un artículo al que nunca ha habido que recurrir», explican las fuentes del Ejecutivo, que ponen en valor el total respaldo que daría el PSOE a las decisiones que hubiera que tomar.
Las medidas tendrían que ser aprobadas por mayoría absoluta del Senado, un trámite para el que no habría problema alguno porque el PP cuenta con ella en la Cámara Alta y, además, está seguro de que los socialistas las avalarían.
Pero el Gobierno esperaría, eso sí, al segundo plazo, al del segundo requerimiento, fijado del jueves a las 10:00 horas para que dé marcha atrás. Ya entonces, y en caso de que Puigdemont siguiera sin retroceder Rajoy podría convocar reunión del Consejo de Ministros esa misma mañana para aprobar las medidas que ya tenga decididas en aplicación del artículo 155. Después las remitiría al Senado.
El jueves, a Bruselas
Lo que asegura el Gobierno es que Rajoy viajará ese mismo jueves a Bruselas para participar hasta el viernes y junto al resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la reunión del Consejo Europeo.
Una cita a la que el Ejecutivo otorga una gran relevancia porque en ella considera que se evidenciaría de nuevo el total respaldo a Rajoy de los líderes europeos y de las instituciones de la UE frente al independentismo catalán.
Leer más…
El separatismo llama a tomar las calles para hacer efectiva la independencia
