Este martes se cumple un año del histórico apagón del 28 de abril de 2025, el mayor colapso eléctrico registrado en España, que dejó sin suministro a la práctica totalidad del país tras la pérdida súbita de unos 15.000 megavatios —más del 60% de la demanda— en apenas cinco segundos. Doce meses después, el episodio sigue sin una explicación definitiva y sin que se hayan asumido responsabilidades políticas.
El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene que se trató de un incidente «multifactorial» y asegura que las investigaciones continúan abiertas, pero no ha presentado un informe concluyente que detalle qué ocurrió exactamente. Esta falta de claridad ha sido cuestionada por expertos y por la comisión de investigación del Senado, que ha señalado fallos de supervisión del Ejecutivo por no actuar ante riesgos detectados en los días previos al colapso.
La gestión de aquella jornada también sigue bajo crítica. El presidente no compareció hasta seis horas después del apagón, en medio de problemas de comunicación, descoordinación interna y falta de información. Un año después, el Gobierno sigue sin ofrecer un relato completo de lo ocurrido ni explicar por qué no se anticipó un fallo de esa magnitud.
En paralelo, Red Eléctrica ha reforzado su defensa con un documental difundido con motivo del aniversario en el que niega cualquier error propio. Su presidenta, Beatriz Corredor, sostiene que el operador actuó conforme a la normativa y atribuye el origen del apagón al comportamiento anómalo de instalaciones de generación, sin identificar públicamente a ninguna empresa.
Sin embargo, esta versión choca con una de las revelaciones más relevantes de los últimos meses: los audios internos conocidos en el Senado, en los que técnicos de Red Eléctrica alertaban de problemas «muy graves» en el sistema horas antes del colapso. En esas conversaciones se advertía de tensiones anómalas vinculadas al peso de la generación fotovoltaica y a la falta de respaldo suficiente, un escenario que hacía temer un fallo sistémico.
Estos audios refuerzan la idea de que el riesgo no era imprevisible y cuestionan tanto la gestión del operador como la supervisión del Gobierno. Pese a ello, ni Red Eléctrica ni el Ejecutivo han incorporado estas advertencias a una explicación oficial completa, y las comunicaciones internas siguen sin publicarse íntegramente.
A las incógnitas técnicas se suma el impacto humano del apagón. Al menos cinco personas murieron en España en circunstancias directamente relacionadas con el corte de suministro, desde pacientes dependientes de oxígeno hasta víctimas de accidentes provocados por la falta de luz. Estudios posteriores han ido más allá y apuntan a un posible exceso de mortalidad en los días siguientes, con estimaciones que alcanzan hasta 147 fallecimientos. Un año después, tampoco existe un balance oficial definitivo ni una asunción clara de responsabilidades por estas consecuencias.
El choque de versiones continúa. Las eléctricas privadas denuncian opacidad y exigen acceso a todos los datos del incidente, mientras la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantiene abiertos expedientes, incluido uno contra Red Eléctrica por una posible falta muy grave. Ninguno de estos procesos ha derivado, por ahora, en responsabilidades políticas.
Un año después, el apagón sigue sin una explicación oficial clara. El Gobierno no ha detallado qué falló ni ha asumido responsabilidades, mientras Red Eléctrica se limita a negar errores pese a las advertencias previas conocidas. Entre versiones enfrentadas, datos sin publicar y una investigación sin cerrar, el mayor colapso eléctrico reciente de España continúa sin responsables políticos ni respuestas concluyentes.
