La nueva «normalidad» establecida por el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar otro apagón se traduce en un sistema eléctrico más caro, más intervenido y operando bajo vigilancia constante. Desde el colapso energético de abril de 2025, el operador del sistema, Red Eléctrica de España, ha reforzado sus protocolos recurriendo con mayor frecuencia a centrales de gas —más estables, pero también más costosas— para contener posibles desequilibrios. El resultado: un sobrecoste millonario que ya asciende a cientos de millones y que acaba repercutiendo en los consumidores.
Este endurecimiento operativo avanzado por El Español no llega por casualidad. El sistema eléctrico español arrastraba, según distintos expertos, debilidades conocidas desde meses antes del incidente. Informes posteriores y testimonios en sede parlamentaria apuntan a que la red funcionaba con márgenes de seguridad muy estrechos, sometida a tensiones constantes entre una elevada penetración renovable y una capacidad insuficiente de estabilización. Las advertencias internas existían, pero no derivaron en decisiones contundentes.
El 28 de abril de 2025 fue el punto de ruptura. A las 12.33 del mediodía, una pérdida súbita de aproximadamente 15 gigavatios —cerca de dos tercios de la demanda en ese instante— desencadenó un colapso en cadena. El origen se situó en el suroeste peninsular, donde una combinación de oscilaciones de frecuencia y tensión terminó desestabilizando todo el sistema. La baja inercia eléctrica, asociada en parte al peso creciente de las energías renovables, facilitó la propagación del fallo.
En cuestión de segundos, la red ibérica se aisló automáticamente del sistema eléctrico europeo para protegerse, lo que agravó aún más la situación. España, junto a Portugal, Andorra y zonas del sur de Francia, quedó parcialmente a oscuras. La caída fue inmediata y masiva.
Las consecuencias fueron visibles en todos los ámbitos. Hospitales funcionando con generadores, trenes detenidos en túneles, aeropuertos colapsados, tráfico completamente desordenado y miles de personas atrapadas en ascensores o incomunicadas por la caída de las telecomunicaciones. Durante horas, la incertidumbre dominó el país mientras proliferaban teorías de todo tipo: desde sabotajes hasta ciberataques o fenómenos atmosféricos anómalos.
Ante el desconcierto generalizado, varias comunidades autónomas solicitaron la declaración de emergencia, que finalmente fue aprobada, situando al Ministerio del Interior al frente de la gestión. El Ejecutivo calificó lo sucedido como un evento «sin precedentes en la España contemporánea».
La recuperación del suministro fue progresiva, aunque no inmediata. Algunas zonas comenzaron a recuperar la electricidad tras varias horas, pero la normalidad completa no se restableció hasta el día siguiente. A partir de ese momento, el sistema entró en una nueva fase marcada por la prudencia extrema.
En paralelo, el modelo energético español había experimentado una transformación profunda en las últimas décadas. Si a comienzos de siglo predominaban claramente las fuentes tradicionales —con el carbón y la nuclear como pilares—, el panorama actual está dominado por tecnologías limpias. La solar fotovoltaica, la eólica y la hidráulica concentran ya más de dos tercios de la generación, relegando a un papel secundario a las fuentes convencionales.
Sin embargo, este cambio estructural también ha introducido nuevos retos técnicos. La red eléctrica, que conecta generación, transporte y distribución, necesita mantener un equilibrio constante entre oferta y demanda. La entrada masiva de renovables, menos predecibles y con menor capacidad de aportar estabilidad al sistema, exige mecanismos adicionales de control y respaldo.
Tras el apagón, se han implementado múltiples medidas: desde nuevos procedimientos operativos hasta la instalación de compensadores síncronos y sistemas que suavizan la entrada de energías como la solar. Además, se ha permitido que instalaciones renovables participen en la regulación de tensión, algo que antes no ocurría.
Pese a estos avances, el coste de mantener el sistema bajo este nuevo esquema se ha disparado. A los 666 millones destinados a reforzar la operación se suman miles de millones en restricciones técnicas y ajustes adicionales. En buena medida, este incremento responde al uso intensivo de ciclos combinados de gas para estabilizar la red, lo que también limita parcialmente la producción renovable.
El debate político tampoco ha tardado en intensificarse. La comisión de investigación del Senado ha señalado responsabilidades en distintos niveles: desde la gestión técnica hasta la supervisión regulatoria y la dirección política. Según algunos comparecientes, existía conciencia interna del riesgo de colapso, pero se continuó operando al límite.
Las grabaciones y documentos analizados reflejan un sistema bajo presión semanas antes del incidente, con avisos reiterados sobre inestabilidad en la tensión. Algunos técnicos incluso contemplaban la posibilidad de un «cero energético», término que finalmente se materializó aquel día.
Un año después, la gran incógnita sigue siendo la misma: qué falló exactamente para que un sistema considerado robusto terminara colapsando en cuestión de segundos. Mientras tanto, España paga el precio de una red más segura, pero también más cara.
