El aparato de Seguridad Nacional ya puso el foco en Ceuta y Melilla en 2019 ante el riesgo de llegadas masivas de inmigrantes ilegales. El Comité Especializado de Inmigración, órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, acordó entonces elaborar un informe específico sobre las dos ciudades autónomas. Siete años después, sus conclusiones siguen sin estar disponibles públicamente y Ceuta afronta las consecuencias de la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio.

El encargo fue aprobado el 11 de enero de 2019, durante una reunión presidida por la entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, según detalla Vozpópuli. No se trataba de un análisis aislado. El Gobierno trabajaba en ese momento en los mecanismos que debía activar el Estado precisamente ante un escenario de llegadas extraordinarias de inmigrantes.

El Comité analizaba un Plan de Contingencia Global frente a llegadas masivas de flujos migratorios irregulares, diseñado para movilizar recursos, infraestructuras, efectivos y mecanismos adicionales de coordinación cuando la presión sobre la frontera alcanzase dimensiones excepcionales.

El plan incluía además la creación de una Célula de Seguimiento y Análisis, cuya función era elaborar informes periódicos sobre la situación migratoria y evaluar sus riesgos. Paralelamente, el organismo había constituido un grupo de trabajo para preparar una futura Estrategia Nacional de Inmigración.

Es en ese marco en el que Seguridad Nacional decidió encargar un análisis específico sobre Ceuta y Melilla. Las dos ciudades españolas constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África y eran consideradas puntos especialmente sensibles ante posibles entradas masivas.

El Informe Anual de Seguridad Nacional de 2019 confirma, además, que aquel mismo año se aprobó un plan para reforzar y modernizar las fronteras de ambas ciudades. Entre las actuaciones previstas figuraban la sustitución de las concertinas y mejoras en los sistemas de videovigilancia, la fibra óptica y otras infraestructuras de seguridad.

Sin embargo, pese a que el Comité dejó constancia del encargo, no consta públicamente que el informe sobre Ceuta y Melilla ni sus conclusiones llegaran a publicarse. El Estado había decidido analizar específicamente el riesgo en las dos ciudades mientras preparaba su respuesta ante eventuales llegadas masivas, pero el diagnóstico permanece fuera del conocimiento público.

De la previsión de 2019 a la invasión de 2026

La cuestión cobra especial relevancia después de lo ocurrido el pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta y llevaron a la ciudad a una situación límite. Interior situó inicialmente la cifra en 72.000 entradas, mientras que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, habló posteriormente de 80.000.

Casi un mes después de aquella entrada masiva, el Gobierno ha vuelto a recurrir al Consejo de Seguridad Nacional. El órgano se reunió este martes de forma extraordinaria mientras el Ejecutivo prepara la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y la puesta en marcha de un mando único para coordinar la respuesta de los distintos ministerios.

La ciudad continúa mientras tanto afrontando las consecuencias de la crisis, desde la capacidad de acogida hasta la situación de los menores, los procedimientos de asilo y los retornos.

La reacción del Ejecutivo llega siete años después de que su propio sistema de Seguridad Nacional decidiera estudiar de forma específica el riesgo que representaban las llegadas masivas a Ceuta y Melilla. Aquel escenario que el Estado contemplaba en sus planes de contingencia dejó de ser una hipótesis el 30 de julio. El informe encargado para analizar precisamente esos puntos críticos, sin embargo, continúa sin conocerse.