El Gobierno de Pedro Sánchez afronta una de las semanas de mayor presión judicial y política de la legislatura. La agenda del PSOE queda marcada por tres nombres especialmente incómodos para Moncloa: la mujer del presidente, Begoña Gómez; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La secuencia llega en un momento delicado para el Ejecutivo, que intenta mantener su actividad parlamentaria y proyectar una imagen de normalidad institucional pese al avance de varias causas que afectan de lleno al entorno político, familiar e institucional del sanchismo.

La primera cita está fijada este lunes. La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acude a la audiencia previa al posible juicio con jurado por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios. La vista resulta clave para determinar si el procedimiento avanza hacia el juicio y si se adoptan medidas cautelares.

El martes, la presión se trasladará al Senado. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá en la Comisión de Interior para explicar su relación con la exmilitante socialista Leire Díez y las reuniones que mantuvo con ella. El caso golpea directamente a la estructura institucional del Ministerio del Interior y a la credibilidad de la cúpula de la Guardia Civil.

La comparecencia llega después de las contradicciones sobre esos encuentros. Primero se negó cualquier relevancia política. Después se admitieron reuniones. Y finalmente la propia directora general tuvo que salir al paso de las informaciones sobre sus contactos con Díez, investigada por su presunta participación en maniobras dirigidas contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano encargado de investigar varias causas de corrupción que afectan al entorno socialista.

El fondo político es especialmente sensible. No se trata sólo de una reunión incómoda, sino de la sospecha de que desde ámbitos próximos al PSOE se intentó desacreditar a una unidad clave de la Guardia Civil.

El tercer capítulo llegará el miércoles, con la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el caso Plus Ultra. El magistrado investiga el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea durante la pandemia y el presunto papel de intermediación e influencia atribuido al entorno del expresidente.

La situación judicial de Zapatero se ha agravado con la pieza separada abierta por las joyas halladas en su despacho durante el registro policial. La tasación supera los 1,3 millones de euros y ha llevado al juez a investigar posibles delitos fiscal y de contrabando. El hallazgo coloca al expresidente en una posición política inédita y amenaza con proyectar la sombra de la sospecha sobre uno de los referentes históricos del PSOE.

Para Sánchez, el golpe tiene una dimensión añadida. Zapatero no es un antiguo dirigente retirado de la vida pública. Ha actuado como apoyo político del sanchismo en momentos decisivos, ha participado en campañas autonómicas y ha mantenido un papel activo en debates nacionales e internacionales. Su comparecencia ante el juez ofrece a la oposición un argumento de enorme fuerza simbólica: ya no se trata sólo del círculo actual del presidente, sino también de figuras centrales del socialismo reciente.

En términos judiciales, las causas tienen recorridos distintos y responsabilidades separadas. En términos políticos, sin embargo, todas confluyen en una misma imagen: la del PSOE obligado a dar explicaciones simultáneas en los juzgados, en el Senado y ante una opinión pública cada vez más pendiente de los casos que rodean al Gobierno.