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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Hoteles catalanes echan a la calle a 500 policías y guardias civiles

Los separatistas catalanes copian el modelo de acoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se vivió en Vascongadas en los años ochenta

El separatismo en España tiene, con la colaboración inestimable de la izquierda, una enorme capacidad para presentar las cosas al revés de como son. Y como cuenta con acólitos poco críticos, son capaces de repetir mil veces una mentira. En este caso la mentira es flagrante, pero se hace más dura ante la inacción de un Gobierno presidido por Mariano Rajoy que es incapaz de apoyar a los centenares de disciplinados policías y guardias civiles que son el reducto de la legalidad en la Cataluña dominada por el separatismo institucional.

Ahora empezamos a ver el resultado de la inacción del Estado en esa región española. El 1 de octubre ha pasado, los agentes enviados desde todos los rincones de España se multiplicaron para intentar impedir una consulta ilegal. Tuvieron que enfrentarse incluso a los Mozos de Escuadra, y el Gobierno que los envió a mantener el resto de legalidad que los políticos no han sido capaces de sostener, les dejó abandonados a sus suerte.
Ahora, policías y guardias civiles empiezan a sufrir las consecuencias de la falta de apoyo del Gobierno. En Calella (Barcelona), dos hoteles han dado un plazo de 24 horas para que los cien agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), y otro tanto de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Guardia Civil, allí alojados abandonen sus habitaciones. Son los hoteles Les Palmeres y Catalonia. Se han dejado vencer por lo que llaman la presión de los vecinos que les han exigido esta medida. Estos dos hoteles deberán asumir que si cualquier español visita Calella, opte por no alojarse en esos establecimientos que se han negado a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según ha podido saber La Gaceta, la presión a estos hoteles de Calella ha sido muy fuerte. Fuentes policiales confirman que la alcaldesa de la localidad, Montserrat Candini i Puig, de CiU, habría amenazado a uno de los establecimientos con no conceder unas licencias que ha solicitado para reformar las instalaciones. El mismo hotel habría recibido amenazas anónimas por teléfonos y varios de sus empleados han sido acosados cuando se dirigían a sus puestos de trabajo.
Pero no es el único caso. Un agente de la UIP destinado en La Junquera ha explicado en foros policiales como cuando fue a un gimnasio del que es cliente habitual en sus desplazamientos a esa zona fronteriza, se le informó de que por presión de vecinos de la zona y por acuerdo de los empresarios locales, se había decidido que no se podía dar servicio a Policía Nacional y a Guardia Civil. La explicación es que “no quieren nada que suene a España”.
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