Los sindicatos de funcionarios han denunciado un clima creciente de incertidumbre y preocupación entre los empleados públicos a propósito de la «regularización» masiva de inmigrantes ilegales. Un proceso que se ha dado en el pasado pero con condiciones bastantes diferentes. Recuerdan la última gran regularización, llevada a cabo en 2005, cuando se aprobaron unas 576.000 solicitudes y se rechazaron cerca de 100.000. Entonces, los requisitos eran mucho más estrictos y claros que los actuales, lo que facilitó el trabajo de comprobación.
En aquel proceso, los solicitantes debían acreditar empadronamiento previo, carecer de antecedentes penales y presentar un contrato de trabajo firmado. En cambio, el decreto aprobado ahora establece criterios mucho más laxos. Bastará con demostrar haber llegado a España «antes del 31 de diciembre de 2025» y acreditar «al menos cinco meses de permanencia continuada», algo que podrá justificarse con cualquier documento público o privado, o una combinación de ambos, según reconoce el propio Gobierno.
Este punto es uno de los que más inquietud genera entre los funcionarios. Alertan de que la Administración no dispone de herramientas informáticas fiables para verificar la autenticidad de documentos como facturas, certificados médicos o justificantes de citas sanitarias. «Con los medios actuales será casi imposible detectar falsificaciones digitales», reconocen, alertando de un posible «festival de papeles falsos».
La preocupación no es nueva. Situaciones similares ya se produjeron en las regularizaciones de 2001 y 2005, aunque ahora se suma el uso masivo de documentos digitales fácilmente manipulables. A ello se añade un segundo problema clave: la escasez de plantilla.
Sindicatos como CSIF han comenzado a advertir internamente de que las oficinas de Extranjería no podrán asumir una carga de trabajo de semejante magnitud. CSIF ha solicitado formalmente una reunión con el Ministerio de Política Territorial para «planificar» la «regularización» y exigir un refuerzo urgente de personal, con el fin de evitar el colapso administrativo.
De momento, las centrales sindicales mantienen la prudencia a la espera de una propuesta económica del Gobierno. No obstante, si el Ejecutivo no mueve ficha antes de que finalice enero, los sindicatos no descartan movilizaciones para reclamar más recursos ante lo que podría convertirse en la «regularización» masiva más grande de la historia reciente.
