Desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, España ha registrado un total de 2.679.446 denuncias relacionadas con esta problemática. Este volumen equivale a una media de casi 150.000 denuncias al año. Sin embargo, sólo el 22,3% de estas denuncias han culminado en una condena, mientras que el 77,7% restante ha terminado en absoluciones o archivos, según los datos proporcionados por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este bajo porcentaje de condenas genera un intenso debate. La abogada penalista Paula Fraga argumenta al diario The Objective que el sistema judicial español es altamente garantista y requiere pruebas muy contundentes para dictar una sentencia condenatoria. Por su parte, Juanma Melgar, portavoz de la Fundación Hombres Maltratados, considera que incluso entre los condenados podría haber inocentes, ya que muchos aceptan condenas por conformidad para evitar procesos largos o penas más severas. «A menudo, los abogados de oficio aconsejan aceptar acuerdos que incluyen cursillos, servicios comunitarios o multas con tal de evitar la pérdida del derecho a ver a sus hijos», señala Melgar.
En la misma línea, Yobana Carril, abogada especializada en derecho de familia, afirma que el miedo a penas mayores lleva a muchos hombres a declararse culpables incluso cuando se consideran inocentes. «Si un padre enfrenta una posible condena de seis años de prisión y el fiscal le ofrece dos sin ingreso efectivo, aceptará para evitar el riesgo», explica.
Fraga, sin embargo, sostiene que en ocasiones los acuerdos son recomendados también por la dificultad de probar ciertos delitos. «En muchos casos sabemos que el hombre es culpable, pero las pruebas no son suficientes, y el acuerdo beneficia a ambas partes«, asegura.
El tema de las denuncias falsas también genera controversia. Aunque frecuentemente se cita que sólo el 0,001% de las denuncias son falsas, Melgar desmiente esta cifra, señalando que este porcentaje sólo incluye casos en los que la Fiscalía actuó de oficio y obtuvo una condena por denuncia falsa. «Es una estadística irrisoria que no refleja la realidad. En 2023 atendimos a más de 800 hombres denunciados, y aproximadamente el 30% de esos casos mostraban indicios de falsedad«, argumenta.
Según Melgar, muchas denuncias falsas no llegan a juicio oral, ya sea porque se archivan o porque la Fiscalía retira la acusación. En 2024, de las doce denuncias seguidas de cerca por la Fiscalía, cuatro se investigaron y dos concluyeron en condena por falsedad, mientras las otras dos terminaron en absolución. «Esto demuestra que la mitad de las denuncias que persigue la Fiscalía son infundadas», sentencia.
Otro aspecto preocupante es la relación entre estas denuncias y el suicidio masculino. En 2023, se denunció a 200.000 hombres por violencia de género y 150.000 fueron absueltos, mientras que 2.952 varones se quitaron la vida en ese mismo periodo. En comparación, el número de mujeres que se suicidaron fue de 1.000. La abogada Yobana Carril apunta que entre el 75% y el 80% de los hombres que se suicidan estaban involucrados en procesos de divorcio influenciados por la Ley Integral de Violencia de Género. «El problema no es el divorcio en sí, sino el hecho de que muchos de estos hombres llevan años sin ver a sus hijos y ni siquiera saben dónde están», concluye.
