Frente al discurso público del Partido Popular, que no pierde oportunidad de criticar el «sanchismo», 2025 se ha convertido en uno de los años en los que más de acuerdo se han puesto con el PSOE en votaciones clave y decisiones institucionales. No siempre con un pacto formal, pero sí con una consecuencia política evidente: cuando se vota lo trascendental, el bipartidismo tiende a remar en la misma dirección, mientras VOX intenta capitalizar el papel de única alternativa real al turnismo de PP–PSOE.
El ejemplo más simbólico en España llegó con la Junta Electoral Central. El 4 de febrero, PP y PSOE (junto a Sumar) pactaron el reparto de los cinco vocales «académicos» y dejaron fuera al candidato de VOX, pese a ser la tercera fuerza del Congreso. La decisión, además de reordenar la influencia en un órgano clave del sistema electoral, retrató una vez más el reflejo de «cordón sanitario» que une a populares y socialistas cuando se trata de blindar el tablero institucional.
Esa misma lógica de entendimiento reapareció en Castilla-La Mancha. El 8 de mayo, PSOE y PP cerraron un acuerdo para desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía: elevar la horquilla de diputados regionales hasta un máximo de 55, aunque con aplicación diferida. El pacto sirvió para desatascar una reforma que llevaba tiempo empantanada y volvió a colocar a ambos partidos en la misma foto cuando se trata de arquitectura institucional y reparto de poder territorial.
También en el Congreso, las coincidencias han sido recurrentes en decretos con impacto directo en millones de ciudadanos. El 22 de enero se convalidó el real decreto-ley para «mejorar la compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo» con una amplia mayoría en la que PP y PSOE votaron a favor. Y el 12 de febrero el «escudo social» recortado salió adelante con el PP apoyando al Gobierno y con VOX como única oposición. Una escena difícil de encajar con la idea de «oposición frontal» que Génova proyecta en público.
Decreto ‘ómnibus’ y palacete para el PNV
El Congreso de los Diputados aprobó el 12 de febrero el segundo decreto ‘ómnibus’, que incluyó la entrega del palacete de París al PNV y blindó la okupación con el único voto en contra de VOX y la abstención de UPN.
En materia de Defensa, el 20 de marzo, PP y PSOE volvieron a coincidir para frenar una iniciativa que pedía oponerse al aumento del gasto militar y a los planes de defensa de la Unión Europea. Fue otra votación que, más allá del ruido, señaló que los dos grandes partidos comparten una misma intuición de Estado en asuntos estratégicos.
Y, aunque no es una coincidencia PP–PSOE en votación, hubo un episodio que ilustra cómo el Senado se usa como palanca política según convenga a la mayoría: el PP vetó en junio la lista de comparecientes propuesta por VOX en la comisión de investigación del caso Koldo, lo que dejó fuera, entre otros, a José Luis Rodríguez Zapatero. Un movimiento que después contrastó con el propio interés del PP en reactivar nombres y comparecencias cuando la agenda política lo aconsejó.
Bruselas: coalición gobernante y el Pacto Verde como eje
Si en Madrid el PP escenifica choque permanente con el PSOE, en Bruselas populares y socialistas forman parte de la misma mayoría que sostiene el funcionamiento institucional de la UE. La prueba está en la mecánica de la Eurocámara: en febrero se criticaron nombramientos «de despacho» en nuevas estructuras parlamentarias por acuerdos de los grupos centrales que excluyeron fuera a la derecha soberanista —anteponiendo a grupos como el de Bildu—; y en noviembre, el Consejo y el Parlamento cerraron el acuerdo del presupuesto de la UE para 2026, un pacto que se apoya en esa mayoría transversal donde EPP (familia del PP) y socialdemócratas (familia del PSOE) son piezas imprescindibles.
En ese marco encajan el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030: no sólo como bandera ideológica, sino como columna vertebral de la agenda comunitaria. En 2025, la Comisión impulsó paquetes «ómnibus» para simplificar parte de la regulación ligada a sostenibilidad corporativa (reporting y diligencia debida), un reajuste del Green Deal que se negocia y se vota dentro de esa misma gran coalición. Eso no evita tensiones: de hecho, el PP español se desmarcó en otoño votando contra el objetivo climático de reducción del 90% para 2040 que sí aprobó la Eurocámara. Pero el dato político de fondo sigue siendo el mismo: Bruselas funciona, en lo esencial, con un esquema de cooperación entre las familias del PP y del PSOE que en España ambos niegan cuando les conviene.
Frente a esta realidad, cada vez son más los españoles y europeos que se rebelan contra la «estafa» bipartidista y exigen un cambio de rumbo. Sectores como el de la ganadería, la agricultura o la industria están cada vez más acorralados frente a una burocracia asfixiante, la competencia desleal de países extranjeros o las políticas climáticas que contradicen la ciencia.
Balance de fin de año
Junta Electoral Central, reforma estatutaria en Castilla-La Mancha y el pulso europeo del Pacto Verde dibujan el hilo conductor de 2025: por encima del teatrillo diario, PP y PSOE coinciden cuando se decide el marco institucional y la dirección estratégica. Y es ahí donde VOX busca instalar su mensaje: si el bipartidismo se entiende en lo estructural, la alternativa no está en una oposición de palabras, sino en quien se sale de la mayoría habitual.
