Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara Baja con la idea de reclamar mayor transparencia a la Iglesia en la administración de los bienes de titularidad pública que gestiona. La formación política liderada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que la actual normativa no garantiza un control adecuado sobre estos inmuebles y plantea la necesidad de una reforma legislativa que establezca mecanismos de supervisión más estrictos.
Según la iniciativa presentada, una parte significativa de los 3.161 bienes de interés cultural (BIC) bajo administración eclesiástica fueron adquiridos mediante el controvertido procedimiento de inmatriculación diocesana. Sumar sostiene que esta situación genera distorsiones legales y problemas de gestión que la actual legislación no solventa. La propuesta aboga por una reforma de la ley de Patrimonio que «refuerce la transparencia y fomente una mayor corresponsabilidad en la administración de estos monumentos, priorizando criterios científicos, el interés general y el acceso ciudadano sobre cualquier interés privado».
El debate sobre la actualización de la normativa patrimonial no es nuevo. De hecho, en los últimos años han existido diversos intentos de reforma que han terminado encallados por falta de consenso. Durante el mandato de José Manuel Rodríguez Uribes, se planteó un anteproyecto que otorgaba al Estado un mayor protagonismo en la gestión de los bienes catalogados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin embargo, la oposición de las comunidades autónomas llevó a su retirada cuando Miquel Iceta asumió la cartera de Cultura. Desde entonces, la legislación vigente, que data de 1985, continúa sin cambios significativos.
Mientras Urtasun mantiene la cautela sobre su posición respecto a una nueva normativa, otros partidos han tomado la iniciativa. El Partido Popular, por ejemplo, ha registrado recientemente una propuesta en el Congreso que busca modernizar la legislación, incorporando medidas de protección adicionales, estrategias de digitalización del patrimonio y nuevas fórmulas de promoción y difusión. Además, los populares quieren reactivar la tramitación de una ley, ya aprobada en el Senado, que endurece las sanciones contra los ataques al patrimonio histórico, pero que quedó paralizada en el Congreso.
En este contexto, la actuación de Sumar añade presión al ministro de Cultura, quien hasta ahora no ha dado pasos concretos hacia la reforma. La formación insiste en la urgencia de revisar el marco legal para evitar que monumentos de valor histórico gestionados por la Iglesia «puedan ser privatizados sin un control efectivo del Estado». Esta propuesta recuerda, en parte, el fallido intento de Uribes de prohibir la enajenación de estos bienes a particulares, permitiendo únicamente su cesión a administraciones públicas. En aquel entonces, la Conferencia Episcopal respondió exigiendo garantías de que dichos bienes no serían objeto de embargo y que se establecerían compromisos gubernamentales para su mantenimiento.
