Sumar ha optado en su primera proposición de ley por reactivar la reforma del Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como son las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
También para el caso del enaltecimiento del terrorismo que se suprimiría de cara a evitar casos de condenas a cantantes y artistas, incorporando en su lugar un agravante en el artículo que pauta la alevosía ante humillaciones o vejaciones a las víctimas, con la finalidad de darles una cobertura de protección reforzada.
Así lo recoge la iniciativa registrada este viernes en la Cámara Baja por el grupo confederal y presentada en rueda de prensa por el dirigente de IU y diputado, Enrique Santiago; quien ha desgranado que Sumar aspira a dar un paso decisivo en esta legislatura en el blindaje de la «libertad de expresión» y «recuperación de libertades públicas» que, a su juicio, fueron recortadas durante la etapa del PP en el Gobierno.
El abogado comunista ha defendido que ese cuerpo de figuras penales hacen que España constituya una «anomalía» dentro de la Unión Europea, dado que no figuran en las distintas legislaciones de los países comunitarios. Una situación que ha motivado, tal y como ha relatado Santiago, que la corte europea de derechos humanos (el Tribunal de Estrasburgo) haya «sacado los colores» a España en distintas resoluciones.
El último caso que ha citado es el reciente fallo de esta instancia europea, que aprecia vulneración de la libertad de expresión del sindicalista Pablo Fragoso, quien incitó a la quema de la bandera en protestas laborales que se registraron ante el Arsenal de Ferrol en el año 2014 y condena a Estado a indemnizarlo.
Durante su comparecencia, Santiago ha recordado que en la anterior legislatura se tomaron en consideración dos propuestas de ley sobre esta materia y que no llegaron a completar su tramitación, por lo que Sumar ha decidido estrenar su casillero legislativo con un nuevo texto «más completo» para acometer esta reforma del Código Penal.
Así, ha defendido que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser «innecesario» al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa y se concilia mejor la «crítica civilizada».
Igual criterio ha apuntado respecto a las injurias a la corona, que ha motivado sentencias de Estrasburgo contra España, dado que su derogación no genera «indefensión» a la Casa Real, pues seguirá protegida como cualquier persona por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.
También pauta la supresión del delito de ultrajes a la patria y ha recordado que incluso un magistrado del Tribunal Constitucional, propuesto por el PP, ya emitió en una resolución un voto particular en el que manifestaba que dicho tipo penal «no tenía razón de ser». Por tanto, Santiago ha afirmado que la legislación penal ya tiene mecanismos suficientes para proteger a las instituciones sin limitaciones a la libertad de expresión.
Sumar también pauta la eliminación de las injurias a la nación, un delito que estaba dirigido a actos contra el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional y que prácticamente no se ha aplicado. Al igual que en el caso de la corona, el grupo parlamentario considera que a estos órganos tiene la protección de los delitos de injurias, calumnias y derecho al honor.
