El TSJC condenó en marzo del pasado año a Mas a dos años de inhabilitación, la pena máxima por desobediencia.
El Tribunal Supremo ha citado el próximo 25 de abril al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau a una vista sobre su recurso a la condena de inhabilitación que les impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta del 9N.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sala segunda del Supremo convoca a Mas, Ortega y Rigau a una vista sobre el recurso que interpusieron a su condena de inhabilitación por un delito de desobediencia al «pervertir», según el TSJC, los principios de la democracia básicos para la «convivencia pacífica» al mantener la consulta del 9N de 2014, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
El TSJC condenó en marzo del pasado año a Mas a dos años de inhabilitación, la pena máxima por desobediencia, así como a un año y nueve meses a la exvicepresidenta Joana Ortega y a un año y medio a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, aunque a los tres les absolvió del delito de prevaricación del que les acusaba la Fiscalía.
Mas, Ortega y Rigau interpusieron un recurso de casación a la condena, que ahora será analizado en una vista que se celebrará en el alto tribunal el próximo 25 de abril a las 10.30 horas.
La sala encargada de dilucidar sobre el recurso de Mas, Ortega y Rigau estará presidida por el magistrado del Supremo Luciano Varela e integrada también por los jueces Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Vicente Magro.
Tras la condena, Mas anunció que recurriría hasta las instancias europeas después de pasar por el Tribunal Supremo, que también en marzo del pasado año condenó al exconseller de Presidència y entonces diputado del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N.
De forma paralela al proceso penal, el Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de 5,2 millones de euros a Mas, Ortega, Rigau y Homs, entre otros, por el gasto de dinero público en la consulta del 9N, por lo que esta institución ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el expresidente catalán puso para cubrir parte de este depósito.
Mas también fue citado como investigado por el juez del Tribunal Supremo que investiga a la cúpula política del proceso unilateral a la independencia, si bien finalmente no ha sido procesado por el magistrado Pablo Llarena.