El presidente del CIS, José Félix Tezanos, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han coincidido en una defensa cerrada de la reforma que prepara el Gobierno para que la Fiscalía lidere las investigaciones penales, en detrimento de los jueces de instrucción y con impacto directo sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tezanos utiliza su revista privada, Temas, para dar cobertura a las tesis del Ejecutivo. Esta publicación, que ha recibido 54.000 euros en subvenciones del Gobierno, reúne a destacados dirigentes socialistas en su patronato, como los ministros Óscar Puente y María Jesús Montero, e incluye como colaboradores habituales al secretario de Estado Rafael Simancas. En su último número, que incluye un artículo de Bolaños, la revista abre con un editorial que defiende que la intervención del Gobierno en el nombramiento del fiscal general del Estado es “coherente”, ya que “es el órgano constitucional de legitimación democrática que dirige la política interior”.

El editorial de Temas reconoce, no obstante, las advertencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa sobre la necesidad de reformar el sistema de elección del fiscal general para garantizar mayor independencia frente al poder ejecutivo, algo que “sigue generando preocupación pública”.

La revista de Tezanos también recoge la idea de que el fiscal general pueda ser elegido entre personas que hayan ocupado cargos políticos recientemente —como ya ocurrió con Dolores Delgado, nombrada fiscal general tras haber sido ministra de Justicia—. En paralelo, Tezanos ha llegado a poner en duda la veracidad de los audios recogidos por la UCO que apuntan al presunto cobro de comisiones ilegales por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, tres dirigentes socialistas con los que él mismo compartió la estrategia para devolver a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE.

Por su parte, Félix Bolaños, en su artículo en la misma revista, defiende que la reforma permitirá que la UCO reciba órdenes directamente de la Fiscalía y no de un juez de instrucción. Según el ministro, esto situará a España “en línea con el resto de Europa” y hará la justicia “más ágil y eficaz”. Bolaños asegura que el sistema actual ya contiene mecanismos suficientes para garantizar la independencia del fiscal general, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y previo informe del Consejo General del Poder Judicial.

Bolaños propone también que la duración del mandato del fiscal general sea superior a la de un Gobierno, para evitar que coincidan siempre los ciclos políticos con los del Ministerio Público. Según explica, la reforma otorgará al fiscal general mayor discrecionalidad para ascensos y nombramientos dentro de la carrera fiscal, reforzando la “autonomía” del Ministerio Público y corrigiendo, dice, la “falsa percepción” de dependencia del Ejecutivo, en contraposición a la conocida frase de Pedro Sánchez: “¿Y la Fiscalía de quién depende?”.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Justicia, no entrará en vigor antes del 1 de enero de 2028 y afectará ya a la próxima legislatura. Mientras tanto, la UCO sigue investigando causas incómodas para el Ejecutivo, como las que afectan a la esposa y al hermano del presidente, al fiscal general Álvaro García Ortiz y a los exdirigentes socialistas Ábalos y Cerdán, este último ya en prisión.