Ante los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar una nueva normativa (denominada ‘Ley Bolaños’) para blindarse a nivel judicial y lograr que la UCO pase a depender de la Fiscalía, la Guardia Civil trabaja «a destajo» para acelerar la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE, según avanza el periodista Miguel Ángel Pérez
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los agentes de la Unidad Central Operativa están intensificando las pesquisas para adelantarse al cambio legislativo impulsado desde el Ejecutivo, que supondría que los fiscales asuman el control directo de las investigaciones penales en detrimento de los jueces instructores. Esto afectaría también a la cadena de mando de unidades como la UCO, que ya no dependerían funcionalmente del poder judicial.
La clave, según las fuentes, está en una serie de diligencias ordenadas recientemente por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Entre las medidas acordadas se incluyen la recopilación de datos fiscales y laborales de José Luis Ábalos durante su etapa como diputado, la trazabilidad de sus donaciones al PSOE, así como información relevante de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Además, estas diligencias abarcan a su entorno más próximo en la presunta trama: figuras como Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán, así como a empresarios y sociedades mercantiles implicadas en contratos bajo sospecha. El objetivo de los investigadores es seguir el rastro económico y esclarecer posibles irregularidades en la financiación de actividades del partido.
Aunque por el momento no hay una imputación formal contra el Partido Socialista, fuentes jurídicas apuntan a que «no se puede descartar» que el PSOE pueda enfrentarse a una acusación por financiación ilegal antes de que acabe el mes de julio. La velocidad con la que se obtengan los datos solicitados al Supremo será determinante para el rumbo procesal de la causa.
Esta posibilidad ha generado una notable preocupación en el entorno del Gobierno, especialmente ante la inminente aprobación de las denominadas «leyes Bolaños», que modificarían el equilibrio actual entre jueces y fiscales en el marco penal, en lo que desde la oposición se ha calificado como un intento de «controlar» las investigaciones sensibles para el Ejecutivo.
Los investigadores consideran que las recientes resoluciones del Supremo, al admitir las diligencias propuestas por la UCO, refuerzan la tesis de que hay indicios suficientes para tirar del hilo. Aseguran que se trata de «una muestra clara» de que la investigación está viva y avanzando con rapidez, y que su curso dependerá de los tiempos de respuesta de los organismos requeridos.
La presión se acumula en pleno verano político y judicial. Si los informes llegan a tiempo y apuntalan las sospechas de uso indebido de fondos o estructuras del partido para finalidades opacas, la causa podría dar un vuelco inesperado y sin precedentes en el panorama político español.
