El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante su etapa como presidente de Canarias, gestionó contratos relacionados con mascarillas y test PCR para la detección de Covid-19 que favorecieron a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama Koldo. En específico, en otoño de 2020, mientras negociaba la adquisición de test PCR con esta empresa, Torres presionó al Gobierno central para que implementara la obligatoriedad de controles sanitarios a los turistas, medida que justificaría un contrato de 5,3 millones de euros.
Por ello, el 11 de noviembre de 2020, Torres, junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció en una rueda de prensa conjunta lo que calificaron como «un gran paso»: la imposición de pruebas diagnósticas para los viajeros que llegaran a Canarias desde Europa o cualquier otra parte del mundo. En ese momento, el turismo nacional estaba paralizado debido al segundo estado de alarma, que restringía los desplazamientos entre comunidades autónomas.
Durante la comparecencia, Torres destacó que esta medida era una «demanda histórica» de su gobierno, afirmando: «Es un paso más para garantizar la seguridad en nuestros puertos y aeropuertos». Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), Torres no actuó solo en su insistencia por la obligatoriedad de los test.
Los informes revelan que recibió respaldo externo, en particular de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, quien lo alentaba en agosto de 2020: «Aprieta con los PCR, lo consigues seguro. Queda poco para que los pongan». Para ese entonces, Víctor de Aldama ya había presentado los servicios de la empresa Eurofins Megalab a Torres a través de Koldo, consolidando los intereses detrás de las decisiones tomadas.
