Las comunicaciones entre Víctor de Aldama y miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos el ministro Ángel Víctor Torres, podrían haber sido eliminadas de forma intencionada. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado mensajes entre el empresario y varios altos cargos, pero las respuestas de los implicados aparecen cifradas o han desaparecido. Según expertos en seguridad consultados por La Razón, es probable que se haya utilizado un software de borrado avanzado para evitar el acceso a estas conversaciones.
El primer contacto entre Aldama y Torres se produjo el 15 de julio de 2020, cuando el empresario participaba en la intermediación de contratos de test PCR en Canarias. Un día después, Aldama escribió al entonces presidente del gobierno del archipiélago ofreciéndole gestionar la compra de pruebas. Sin embargo, la respuesta de Torres no ha podido recuperarse, lo que ha levantado sospechas sobre el posible uso de un sistema de cifrado avanzado.
El informe de la UCO revela que el 25 de agosto de 2020, otro empresario investigado en la trama, Ignacio Tapia, envió un mensaje a Torres con una presentación de su empresa. En este caso, la Guardia Civil sí pudo acceder al contenido del intercambio, donde el ministro respondía mostrando interés y mencionando que había hablado con Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad.
Este patrón de desaparición de mensajes no sólo afecta a Torres, sino también a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La eliminación sistemática de estas comunicaciones sugiere el uso de herramientas para borrar rastros, lo que complica las investigaciones.
Las sospechas sobre la implicación de Torres se agravan por las declaraciones de Aldama en la investigación judicial. En una conversación con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, el empresario aseguró que el actual ministro «nos debe una grandísima» en referencia a su participación en las gestiones para la venta de test PCR en Canarias.
El 17 de agosto de 2020, Koldo contactó directamente con Torres para recomendarle la contratación de Megalab, una empresa que ofrecía servicios de pruebas diagnósticas para vuelos seguros. Apenas unos meses después, el Servicio Canario de Salud adjudicó tres contratos a la compañía por más de 5,3 millones de euros, en diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021.
El Tribunal Supremo ha solicitado a la UCO que elabore un informe detallado sobre todas las comunicaciones de Aldama con Torres, Ábalos, su hijo Víctor, Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE) y cualquier otro aforado que pueda estar implicado en la trama.
Las investigaciones también han revelado que Aldama habría organizado citas privadas con «señoritas» en pisos de Madrid, donde supuestamente habría asistido Torres. El Tribunal Supremo ha requerido pruebas de estos encuentros, lo que podría añadir más elementos al caso.
Fuentes judiciales y de seguridad explican que la eliminación de mensajes en estas circunstancias suele requerir herramientas avanzadas como Cellebrite, un software especializado en recuperar datos eliminados de dispositivos móviles. Tanto la Guardia Civil como los expertos contratados por la defensa de Aldama están utilizando este sistema para intentar recuperar las conversaciones borradas.
El abogado de Aldama, José Antonio Choclán, ya advirtió en un escrito judicial que el volcado del teléfono del empresario mostraba que en los chats con altos cargos del Gobierno aparecía un mensaje indicando que el «código de seguridad ha cambiado», lo que sugiere un intento deliberado de ocultar las comunicaciones.
