Las primeras declaraciones de imputados -hay 17 en total- tendrán lugar este viernes en Instrucción 24 de Madrid.
La Fiscalía aprecia tres delitos en las contrataciones efectuadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc -formación principal de la coalición Compromís- en las elecciones de 2007.
La investigación comenzó después de que el juzgado de Valencia recibiera un informe de la Policía en 2016 -tras una denuncia del PP- en el que se apuntaban posibles ilegalidades. Al encontrarse prescrito el delito electoral, pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la magistrada decidió trocear la causa en cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm.
Las primeras declaraciones de imputados -hay 17 en total- tendrán lugar este viernes en Instrucción 24 de Madrid, donde se indaga en uno de los contratos del Gobierno -concretamente del Ministerio de Vivienda– durante la etapa de Zapatero a Crespo Gomar, la agencia de comunicación a la que la juez de Valencia ha colocado en el epicentro del entramado.
Esta empresa fue la encargada con la que trabajaron ambos partidos en la campaña electoral y que realizó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. A cambio, habría sido adjudicataria de contratos públicos en administraciones socialistas -tres Ministerios y dos Ayuntamientos- con un «posible trato de favor como pago» de la financiación, según publica el diario ABC.
Cabe señalar que en el caso del de Vivienda, el sumario de la causa incluye un escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que aprecia la existencia de los posibles delitos de «prevaricación administrativa en concurso con malversación de caudales públicos y falsedad documental».
Lo último es que el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigadas a dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad durante la etapa de gobierno de Zapatero por un contrato de publicidad de 2008 que pudo servir para financiar al PSPV y al Bloc. Se trata de Etelvina Andreu, que fue directora general de Consumo dentro del Ministerio de Sanidad y anteriormente candidata a la Alcaldía de Alicante, y de Consuelo Sánchez Naranjo, que era subsecretaria de Sanidad y Consumo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El juzgado ha decidido investigar un concurso de publicidad del Ministerio de Sanidad de la campaña 2008, por importe de 184.138 euros ante los indicios de que pudiera haberse incurrido en delitos de prevaricación y malversación. Por ello, ha acordado citar para el día 21 de mayo, a partir de las 10.00 horas, a las dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad en 2008, cuando era ministro Bernat Soria.
