«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Denuncian un trato privilegiado hacia la Fiscalía

Tres miembros del Constitucional consideran que apartar al magistrado Macías de la deliberación sobre la amnistía va contra sus derechos

El magistrado José María Macías. Europa Press

Tres magistrados del sector conservador del Tribunal Constitucional (TC) han manifestado su desacuerdo con la decisión de la mayoría progresista del Pleno de apartar al magistrado José María Macías de las deliberaciones sobre la ley de amnistía, calificando la medida como una vulneración de su derecho a ejercer sus funciones. En un voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel exponen sus objeciones, denunciando un trato privilegiado hacia la Fiscalía y un procedimiento que, a su juicio, genera «indefensión».

La controversia se centra en la recusación de Macías, solicitada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debido a la participación previa del magistrado en informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de amnistía cuando era vocal del organismo. Según el voto particular, la petición de recusación fue «indebidamente admitida», pues consideran que debía haber sido rechazada por extemporánea y carecía de base suficiente para proceder.

Los firmantes critican que, tras abrirse una pieza separada para analizar la recusación, se haya dado traslado de las actuaciones a la Fiscalía, permitiéndole replicar las alegaciones de Macías sin otorgar al recusado el derecho de dúplica. Esto, señalan, constituye un procedimiento «injustificado» que ha afectado las «garantías constitucionales» del magistrado en el expediente de recusación.

En su análisis, Tolosa, Arnaldo y Espejel recuerdan que el TC cuenta con cuatro magistrados que han sido vocales del CGPJ y que apartar a estos jueces por haber emitido opiniones jurídicas en el pasado dentro de sus funciones consultivas «afecta a la independencia necesaria para el desempeño de su labor». Además, advierten que esta práctica podría desalentar el ejercicio de las funciones consultivas del Consejo, un órgano clave en el sistema constitucional.

El voto particular también subraya que esta decisión supone un «apartamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional», que establece que los magistrados no pueden ser recusados simplemente por haber expresado previamente criterios jurídicos relacionados con un caso. Recuerdan que la «legitimación democrática» del TC radica en su pluralidad ideológica y jurídica, derivada de la trayectoria profesional y la designación de sus miembros por poderes del Estado con respaldo democrático.

Por último, los magistrados conservadores critican que no se haya permitido a Macías recurrir el auto que lo aparta de las deliberaciones, lo que consideran una «grave limitación de su derecho fundamental». Según su opinión, esta situación no solo vulnera los derechos de Macías, sino que «compromete la imparcialidad y la confianza en el funcionamiento del Tribunal Constitucional».

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