Fuentes de la Policía Municipal de Pamplona han revelado detalles estremecedores sobre la violación grupal sufrida por una joven universitaria en la capital navarra, un caso que pone de manifiesto la persistencia de problemas derivados de asentamientos de inmigrantes ilegales en el corazón de la ciudad. Tres de los cuatro detenidos, todos de origen magrebí y en situación ilegal, ya acumulaban órdenes de expulsión pendientes de ejecución, según los agentes consultados, lo que agrava la gravedad de los hechos al evidenciar nuevamente fallos en el control de la inmigración ilegal en España que derivan en delitos de extrema gravedad.
La víctima, una estudiante que regresaba de una fiesta en la Ciudad Deportiva Amaya, fue sometida a una violación múltiple y simultánea en un descampado cercano, donde quedó semiinconsciente bajo un árbol en una zona aislada. Los servicios de emergencia la hallaron en la madrugada del viernes al sábado con signos evidentes de intoxicación etílica, ropa desarreglada y restos biológicos que confirman la participación de varios agresores, además de indicios de un posible robo de sus pertenencias.
Tras ser estabilizada, la joven fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica y apoyo psicológico, un proceso «devastador» dada la brutalidad del ataque.
Los cuatro agresores, identificados gracias a pruebas forenses y el testimonio de la afectada, residen en un campamento improvisado de tiendas de campaña instalado junto al cauce del río Arga, en pleno centro urbano y a escasos metros del Club Amaya.
Este enclave, que lleva meses atrayendo quejas vecinales por su ubicación inadecuada, ha sido objeto de múltiples informes policiales remitidos al Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu. Según las mismas fuentes municipales, se alertó repetidamente sobre los disturbios y la inseguridad generados por el grupo de magrebíes que pernoctan allí sin que se tomaran medidas resolutivas para desalojarlo o regular su presencia. Testigos presenciales relataron a los agentes cómo algunos de los implicados merodeaban la zona horas antes del asalto sexual, lanzando insultos y comentarios hostiles hacia las universitarias asistentes a la fiesta.
La investigación, que avanza con rapidez, incluye el análisis de ADN y el registro de dispositivos móviles incautados a los detenidos, donde podrían hallarse grabaciones del suceso. La Policía Municipal ha elaborado un informe sobre el caso, que detalla no sólo la reconstrucción de los eventos en las inmediaciones del campamento, sino también los antecedentes penales de los arrestados.
En particular, dos de ellos ya habían sido objeto de una intervención el pasado 26 de septiembre por tráfico y tenencia ilícita de estupefacientes. Aquella operación derivó en actas de aprehensión de las sustancias que portaban, seguida de un registro exhaustivo del campamento con la colaboración de unidades caninas que permitió incautar un mayor volumen de drogas ocultas en el lugar. Estos episodios, documentados en los expedientes policiales, subrayan un historial de actividades delictivas que, de haber sido atendido con mayor diligencia por las autoridades locales, podría haber evitado la escalada hacia la agresión sexual.
La Policía Municipal insiste en que los informes remitidos al consistorio no recibieron la respuesta adecuada, dejando expuesta a la ciudadanía a riesgos previsibles. Los detenidos, que enfrentan cargos por agresión sexual en grado de tentativa de violación y posible robo con violencia, permanecen en prisión provisional a la espera de juicio, mientras las órdenes de expulsión contra tres de ellos deberían ser reactivadas de inmediato una vez resuelto el proceso penal.
