Se cumple un año desde que el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía al separatismo. Se ha beneficiado a 200 individuos que trataron de romper la unidad de España. Entre los beneficiados hay 173 violentos manifestantes y activistas, y casi 30 políticos, cargos públicos y empresarios.
El expresidente prófugo de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont espera a la resolución del Tribunal Constitucional, aunque pocos dudan de que la mayoría de los magistrados del intérprete de la Constitución (presidido por el socialista Cándido Conde-Pumpido) se posicionará a favor de no complicar más la legislatura al Ejecutivo, y de la posterior respuesta del Tribunal Supremo.
La amnistía fue un ataque al Estado de Derecho, un desprecio a la dignidad de los españoles y un intento de convertir a los políticos (de izquierda o separatistas) en una «casta impune». Constituyó el borrado de delitos y la constatación de la desigualdad entre españoles para el mantenimiento en La Moncloa de Pedro Sánchez, hoy señalado como «jefe» de la operación para destruir la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El presidente de VOX, Santiago Abascal, que hoy continúa tildando de «criminal y corrupto» al Ejecutivo, reitera la «distancia infinita» de su formación respecto al PSOE y exige al PP que rompa sus pactos y presente una moción de censura, denunció que la amnistía a los implicados en el golpe separatista constituía «el atentado más grave a los españoles honrados«, y avisó de que la norma legitimaba «el golpe y la violencia política» en Cataluña.
Además, calificó la ley de «acto de corrupción política» y señaló que los partidos secesionistas catalanes socios de Sánchez, ERC y Junts, cometieron «los peores delitos que pueden los representantes públicos». «Eran delitos contra la Constitución, la convivencia rota en Cataluña y la unidad de la patria, que es fundamento de la Constitución y anterior y superior a la propia Carta Magna», concluyó.
