El ex presidente socialista de la comarca de Cariñena, José Luis Ansón, sostuvo durante su última intervención en el juicio por presunta prevaricación que fue objeto de presiones políticas cuando aún militaba en el PSOE. Según su relato adelantado por El Mundo, una de esas presiones habría procedido de Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno en Aragón, a la que acusa de intentar convencerle para abandonar sus denuncias internas y salir discretamente de la vida orgánica socialista.
Antes de entrar en ese episodio, Ansón recuerda en distintos escritos que su enfrentamiento con la dirección socialista comenzó mucho antes: primero, por haber impulsado un pacto de gobierno junto al PP pese a la directriz contraria del partido; después, por el controvertido gasto de 8.111 euros en kilometraje y dietas durante el arranque de su mandato (2017-2021); y finalmente por sus fricciones con varios cargos socialistas de la comarca. Aquella acumulación de conflictos llevó al PSOE a incoar un expediente disciplinario que acabó en expulsión inmediata.
La resolución de esa sanción interna se firmó el 16 de marzo de 2021 y, dos meses más tarde, fue ratificada por Félix Bolaños en su calidad de secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías. El documento certificaba que no constaba recurso alguno contra la expulsión. Sin embargo, Ansón sostiene que sí lo interpuso, aunque fuera de plazo, y que lo hizo tarde porque —según alega— jamás recibió una notificación formal del inicio del procedimiento, lo que le dejó en situación de indefensión.
En ese recurso interno, preparado por su abogado Alejandro Aldea, Ansón argumenta que no pudo presentar alegaciones ni aportar pruebas para rebatir las acusaciones del partido. En el mismo escrito detalla que actuó siempre con la obligación de investigar posibles irregularidades, incluso cuando ello generaba tensiones con empleados públicos o con compañeros de filas. De hecho, insiste en que recibió presiones para no seguir adelante con determinadas indagaciones e incluso escuchó propuestas para asignarse un sueldo de 3.000 euros a cambio de «dejar correr» ciertos asuntos.
En paralelo, el conflicto escaló hasta derivar en una denuncia presentada por Ansón contra Bolaños por supuesto delito de falsedad documental, al entender que su expulsión fue certificada sin tener en cuenta el recurso que él dice haber presentado. Aquella causa llegó al Tribunal Supremo, que terminó archivándola.
Fue precisamente en este clima de enfrentamiento cuando, según asegura Ansón en su declaración final ante el tribunal, Pilar Alegría le habría citado en Zaragoza para pedirle que se apartara del partido, renunciara a la comarca y retirara todas sus denuncias contra dirigentes socialistas. A cambio —siempre según su versión— le habría garantizado apoyo y un futuro laboral bien remunerado en Navarra, aprovechando su experiencia previa en el sector de la construcción. El PSOE, por su parte, niega rotundamente que ese encuentro existiera y anuncia que responderá por la vía judicial.
El procedimiento penal que ahora enfrenta Ansón no tiene que ver con ese episodio, sino con la decisión que tomó en su etapa como presidente comarcal de suspender temporalmente de funciones al secretario Ismael A.L., funcionario de carrera. La Fiscalía le atribuye prevaricación porque no tenía autoridad para ejecutar esa medida. Ansón replica que actuó tras recibir información de que dicho funcionario habría pasado a una aspirante el temario completo de una prueba de promoción interna, lo que encajaría —dice— en un presunto fraude administrativo.
