La regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez podría terminar beneficiando a cerca de 1,8 millones de personas si se cumplen las previsiones sobre la reagrupación familiar. Aunque la medida fue presentada inicialmente como un proceso destinado a alrededor de 500.000 extranjeros en situación irregular, las cifras conocidas hasta ahora y las estimaciones derivadas de estudios especializados apuntan a un alcance muy superior.

Según publicó el diario The Objective, el número de solicitudes registradas asciende finalmente a 1,17 millones de inmigrantes. De ellos, aproximadamente 400.000 habrían llegado desde otros países europeos para acogerse a la regularización, pese a que uno de los requisitos establecidos era acreditar una residencia previa en España de, al menos, cinco meses. Este incremento ha llevado a distintos analistas a preguntarse cuántas personas más podrían instalarse posteriormente en el país mediante el mecanismo de la reagrupación familiar.

Un informe elaborado por el Colegio Mathias Corvinus (MCC), el Instituto de Investigación sobre Migraciones y el Instituto Ordo Iuris de Cultura Jurídica sostiene que la reagrupación familiar constituye una de las principales puertas de entrada de inmigrantes a la Unión Europea. Basándose en estadísticas oficiales de la Comisión Europea, el documento concluye que cerca de un tercio de los permisos de residencia concedidos a ciudadanos de terceros países corresponde a esta vía, lo que equivale, en términos generales, a la llegada de un familiar adicional por cada dos inmigrantes que obtienen autorización para residir legalmente.

Aplicando esa proporción al caso español, el estudio estima que los más de 1,17 millones de inmigrantes regularizados podrían facilitar la llegada de alrededor de 600.000 familiares, elevando el impacto total del proceso hasta aproximadamente 1,8 millones de personas. Se trataría de una estimación considerada conservadora por algunos expertos, que creen que el número final podría ser incluso mayor debido a las características específicas de la regularización española.

Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS y colaborador en la difusión del informe, considera que la cifra podría superar ampliamente esa previsión si España mantiene un comportamiento similar o más favorable que la media europea. A su juicio, la afinidad lingüística con buena parte de Hispanoamérica facilita que muchos beneficiarios opten por reagrupar a sus familiares en España antes que en otros países de la Unión. Asimismo, sostiene que la composición por nacionalidades de los regularizados permitirá comprobar hasta qué punto el proceso ha atraído a inmigrantes procedentes del espacio Schengen.

El informe dedica un apartado específico a la reagrupación familiar, a la que define como una vía que, con el paso de los años, ha favorecido la inmigración en cadena. Sus autores sostienen que la legislación comunitaria permite que ciudadanos de terceros países con residencia legal incorporen posteriormente a cónyuges, hijos y otros familiares, generando un efecto multiplicador que, según su análisis, no siempre tiene en cuenta criterios relacionados con la integración o los méritos individuales de quienes acceden al territorio europeo.

Los investigadores critican además el actual marco normativo de la Unión Europea y defienden que las competencias sobre inmigración e integración deberían volver a los Estados miembros. En esa línea, proponen eliminar la participación de las instituciones comunitarias en estas materias, revisar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y suprimir los programas de financiación europeos destinados a proyectos de integración de inmigrantes, al considerar que han estado excesivamente condicionados por criterios ideológicos y por la influencia de determinadas organizaciones no gubernamentales.

Las cifras conocidas hasta la fecha también contrastan con las previsiones iniciales sobre el volumen de inmigración irregular existente en España. Mientras la regularización fue presentada públicamente como una medida dirigida a unas 500.000 personas, Funcas estimó que, a comienzos de 2026, el número de inmigrantes en situación irregular rondaba los 840.000. Si finalmente se añadieran otros 600.000 familiares mediante la reagrupación, el resultado sería que cerca de un millón de personas que inicialmente no residían en España habrían terminado beneficiándose del proceso extraordinario de regularización.