El anuncio de Pedro Sánchez hace seis meses de que encargaría una auditoría «externa» ha concluido con un informe que exonera al PSOE de cualquier irregularidad financiera, pero que deja en entredicho tanto la independencia real del trabajo como el contexto en el que se produjo. El documento, además, no ha sido difundido de forma general, sino facilitado únicamente a determinadas agencias y medios afines, mientras otros diarios han quedado excluidos de su acceso.
El encargo se produjo en pleno estallido del denominado caso Koldo, después de que un informe de la Unidad Central Operativa vinculara al entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, con el presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones de obra pública. Fue entonces cuando Sánchez prometió públicamente una revisión externa de las cuentas socialistas.
Sin embargo, los autores del informe no son ajenos al entorno político del Gobierno. Uno de ellos es Félix Alberto Vega Borrego, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y candidato de Podemos al Consejo General del Poder Judicial en 2018. El segundo firmante es César Martínez Sánchez, profesor de la misma especialidad en la Universidad Autónoma, que entre 2020 y 2023 ocupó cargos de confianza en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como vocal y posteriormente jefe de gabinete de la Secretaría General de Asuntos Económicos y del G-20. Con anterioridad, había asesorado al equipo municipal de Manuela Carmena en Madrid, una trayectoria que él mismo ha descrito como más de cinco años trabajando para «gobiernos progresistas».
El informe analiza los movimientos de caja en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024 y concluye que no existe financiación ilegal. Según sus conclusiones, el sistema de tesorería es «coherente, cerrado y verificable», y todas las entradas y salidas de efectivo estarían debidamente justificadas y documentadas. La mayor parte del dinero procede de la cuenta bancaria del partido en BBVA, mientras que solo un 1% correspondería a ingresos considerados atípicos, como la venta de merchandising, chatarra o un premio de lotería de 1.000 euros.
Los auditores sostienen que todos los pagos en metálico responden a reembolsos de gastos vinculados a la actividad ordinaria del partido y que no se detectan fondos de origen externo al circuito habitual de tesorería. También afirman que en cada salida de dinero figura el perceptor y el área orgánica correspondiente.
No obstante, el propio documento admite la existencia de gastos «llamativos» durante la etapa en la que José Luis Ábalos estuvo al frente de la Secretaría de Organización. Se mencionan comidas navideñas con varios comensales, menús infantiles, facturas elevadas en marisquerías como La Chalana —frecuentada por algunos de los investigados en el caso Koldo— y desembolsos considerados excesivos cuando superaban los 60 euros por persona. Estos gastos representaron entre el 4% y el 25% de los 126.858 euros gestionados por ese departamento en distintos ejercicios.
El informe también destaca pagos realizados en lugares considerados poco habituales para la actividad orgánica del partido, como hoteles en París, restaurantes en La Massana (Andorra) y establecimientos en Bruselas y Brujas. En varios casos, los comprobantes no detallan con claridad ni el destinatario final ni la forma concreta de pago, apareciendo en ocasiones nombres como el propio Ábalos, su asesor Koldo García, su chófer o incluso la exsuegra del exministro.
