Casi dos meses después de que la provincia de Valencia sufriera los efectos de la DANA más destructiva de su historia, las preguntas sobre la magnitud de los daños y las responsabilidades continúan sin respuestas claras. Aunque el fenómeno meteorológico no podía evitarse, numerosos expertos coinciden en que sus consecuencias sí podrían haberse reducido con una mejor prevención. En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), ha quedado en el ojo del huracán.
La falta de ejecución de proyectos prioritarios en puntos críticos, como el barranco del Poyo, ha centrado las críticas. Según el ingeniero de caminos Teodoro Velázquez, quien trabajó durante 25 años en la CHJ, la responsabilidad recae sobre las «políticas verdes» del MITECO. Velázquez denunció durante un acto del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Valencia que el enfoque actual del Ministerio ha ignorado el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) aprobado hace años.
En su intervención, Velázquez destacó que existen obras de alta prioridad marcadas desde hace más de dos décadas, como la construcción de una presa en Villamarchante y los desvíos de los barrancos de La Saleta y el Poyo. Sin embargo, aseguró que estas infraestructuras han quedado relegadas debido a la apuesta por medidas basadas en infraestructuras verdes. «Estoy de acuerdo con esas soluciones donde sean viables, pero hay puntos como Paiporta donde esto no funciona», señaló.
El ingeniero recordó que la normativa europea obliga a las confederaciones hidrográficas a vigilar y mitigar los riesgos de inundación en sus cuencas, y subrayó que las medidas estructurales son esenciales para proteger vidas humanas. Según Velázquez, esta mentalidad «verde» prioriza la preservación medioambiental sobre la seguridad de las personas, lo que ha llevado a la inacción en áreas que requerían soluciones urgentes.
Velázquez también criticó algunos principios del Ministerio, como la aceptación de que las inundaciones son fenómenos inevitables y que el cambio climático está incrementando su impacto negativo. «Es cierto que no se pueden evitar, pero sí se pueden reducir los daños con infraestructuras adecuadas», añadió.
Durante el acto, otros expertos analizaron la catástrofe desde diversas perspectivas, incluyendo la urbanística y medioambiental, pero fue la intervención de Velázquez la que marcó un punto álgido. «Los ingenieros estamos cediendo demasiado a las decisiones políticas. Cuando es necesario realizar obras por el bien de las personas, hay que ejecutarlas», afirmó, dirigiendo su crítica directamente al Ministerio.
La tragedia del pasado 29 de octubre deja claro que la falta de planificación y la ejecución tardía de proyectos prioritarios han contribuido a agravar los daños de una catástrofe natural que, aunque inevitable, pudo haberse gestionado con mayor eficacia. El debate sobre el equilibrio entre políticas medioambientales y medidas estructurales para la prevención de desastres sigue abierto, mientras las víctimas de la DANA continúan esperando respuestas.
