El juzgado competente en la investigación sobre los proyectos energéticos promovidos por Forestalia en la provincia de Teruel deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la eventual paralización cautelar de dos plantas fotovoltaicas, en el marco de unas diligencias previas en curso por posibles irregularidades administrativas y medioambientales. Según publica El Confidencial, la decisión se adoptará tras la celebración de una vistilla judicial, aún pendiente de señalamiento, en la que se valorará la solicitud formulada por la Guardia Civil.
Según consta en un informe incorporado a la causa, los agentes especializados en protección de la naturaleza advierten de que la ejecución de las plantas denominadas Masía I y Masía II, junto con su correspondiente línea de evacuación, podría ocasionar “daños sustanciales” al medio ambiente. Estas infraestructuras forman parte del denominado Cluster Maestrazgo, considerado el proyecto principal de la compañía y valorado en aproximadamente 1.000 millones de euros.
El informe pone de relieve la posible afección directa sobre hábitats de alto valor ecológico, así como la fragmentación territorial derivada de la implantación de infraestructuras asociadas. En este sentido, los investigadores señalan que la ejecución del proyecto implicaría una alteración significativa del medio, incluyendo la pérdida de continuidad de corredores ecológicos esenciales para diversas especies.
La solicitud de paralización se enmarca en una investigación más amplia sobre estos desarrollos, en la que también se examina la posible existencia de irregularidades en los procedimientos de autorización. Entre los elementos analizados figura la presunta fragmentación artificial de proyectos, que habría permitido someter las distintas infraestructuras a evaluaciones independientes menos exigentes desde el punto de vista ambiental.
El órgano judicial deberá determinar igualmente la titularidad de los terrenos y de los proyectos afectados antes de fijar la fecha de la vistilla, con el fin de garantizar la correcta citación de todas las partes implicadas. La resolución sobre las medidas cautelares resultará determinante, ya que una eventual suspensión implicaría la paralización inmediata de las obras mientras se analiza el fondo del asunto.
Las diligencias se siguen por un posible delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, sin descartar otras figuras penales como la prevaricación administrativa o el tráfico de influencias, en función del resultado de la investigación.
