El Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a frenar proyectos eólicos tras el estallido del caso Forestalia, una investigación judicial que ha puesto bajo sospecha el sistema de autorizaciones del Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de la exministra Teresa Ribera. La decisión llega en un momento especialmente delicado para el departamento que ahora dirige la vicepresidenta tercera Sara Aagesen.
Un juzgado de Teruel investiga al exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, por haber creado presuntamente «un sistema paralelo» para favorecer proyectos de la empresa Forestalia, vinculada al empresario Fernando Samper, a cambio de distintas contraprestaciones. La Guardia Civil también analiza si su superiora, la actual directora general Marta Gómez Palenque, pudo amparar estas prácticas.
En este contexto, el Ministerio ha paralizado la construcción del parque eólico El Escudo, en Cantabria, alegando la existencia de recursos pendientes de resolver que incluyen solicitudes de suspensión, detalla The Objective. La comunicación se produjo el pasado 20 de marzo.
El proyecto, promovido por la empresa Biocantaber, afecta a los municipios de Luena, Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, y cuenta con 25 aerogeneradores, de los que ya se han instalado 23. La compañía asegura desconocer los recursos a los que alude el Ministerio, que apunta a cuestiones relacionadas con la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones energéticas necesarias para la infraestructura.
Desde la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria sostienen que el parque está «vinculado» a Domínguez, al que atribuyen un papel decisivo en resoluciones favorables, como la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental. El proyecto, de 105 megavatios, fue tramitado directamente por el Ministerio al superar el umbral de 50 megavatios.
Este no es el único frenazo. Apenas un día después de que la Guardia Civil detuviera a seis personas en el marco del caso Forestalia, entre ellas el propio Domínguez, el Ministerio emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable para dos parques eólicos en León y Orense, con una inversión prevista de 55,7 millones de euros.
La resolución, firmada por Gómez Palenque y publicada en el BOE el 18 de marzo, rechaza los proyectos Bierzo Wind I y Bierzo Wind II por su impacto negativo en el entorno. Según el informe, las instalaciones provocarían «impactos adversos significativos» sobre la fauna, la flora y el paisaje, afectando especialmente a especies protegidas.
El documento advierte de riesgos como la muerte de aves y murciélagos por colisión o barotrauma, así como la fragmentación del territorio, que podría alterar los patrones de movilidad y comportamiento de distintas especies.
La oposición a estos parques no sólo proviene del Ministerio. Organizaciones como Ecologistas en Acción y Greenpeace, así como la Junta de Castilla y León, ya habían manifestado su rechazo. La administración autonómica alertó de posibles impactos significativos sobre hábitats y especies protegidas.
El caso Forestalia ha sacado a la luz un presunto entramado en el que Domínguez habría otorgado un trato privilegiado a la compañía, incluso gestionando documentación fuera de los canales oficiales. Según los investigadores, habría recibido a cambio acciones de filiales y hasta 5,2 millones de euros a través de una sociedad vinculada a su entorno familiar.
La presión sobre el Ministerio ha ido en aumento, con peticiones de dimisión dirigidas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que algunas formaciones consideran responsable político de lo sucedido.
En paralelo, el Gobierno ha introducido nuevas exigencias para los proyectos de energías renovables. Entre ellas, la obligación de que los beneficios reviertan en el territorio afectado, así como una ampliación de los plazos de participación pública para facilitar la presentación de alegaciones.
Estas medidas, incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, suponen un endurecimiento de los criterios en plena crisis de credibilidad del sistema de evaluación ambiental, ahora bajo la lupa judicial.
