Un informe reservado elaborado por la Policía Municipal de Bilbao ha desvelado que más de la mitad de los detenidos durante el pasado año por infracciones penales en la capital vizcaína tenían origen magrebí. El documento interno analiza la nacionalidad de los detenidos, la reincidencia y la tipología de los delitos, en un momento en el que continúa abierto el debate sobre la conveniencia de difundir públicamente este tipo de datos.
Según el estudio, la guardia urbana practicó 2.114 detenciones a lo largo del ejercicio pasado. Sin embargo, esas actuaciones afectaron a 1.525 individuos distintos, ya que una parte de ellos fue arrestada en más de una ocasión. Entre las personas detenidas, los ciudadanos procedentes de Marruecos y Argelia constituyen el grupo más numeroso. En concreto, 403 eran marroquíes y 343 argelinos, lo que supone conjuntamente algo más del 53% del total. Por detrás figuran los ciudadanos españoles, con 420 arrestados, equivalentes al 25,6%.
La investigación policial pone el foco especialmente en la reincidencia, considerada una de las principales preocupaciones de los responsables de seguridad. De las 1.525 personas arrestadas, 275 ya habían sido detenidas con anterioridad, mientras que las restantes 1.250 ingresaban por primera vez en dependencias policiales. Entre los reincidentes, los ciudadanos de origen magrebí vuelven a concentrar la mayoría de los casos, representando cerca de dos tercios del total. De ellos, 94 procedían de Marruecos y 84 de Argelia.
El informe destaca además la existencia de delincuentes habituales con un elevado número de antecedentes. El caso más llamativo corresponde a un ciudadano argelino que acumuló 26 detenciones y 45 investigaciones policiales durante el periodo analizado, sumando un total de 71 actuaciones policiales. Tras él aparece un ciudadano marroquí con 19 arrestos. Otros cuatro individuos —dos marroquíes, un argelino y un español— fueron detenidos entre diez y veinte veces en el mismo año.
Los datos reflejan asimismo que 25 personas fueron arrestadas entre cinco y diez ocasiones, mientras que otras 92 registraron entre tres y cinco detenciones. A ellas se añaden 150 individuos que pasaron dos veces por los calabozos municipales. En estos grupos de reincidentes, los ciudadanos norteafricanos vuelven a tener una presencia predominante.
En cuanto a las infracciones más habituales, los delitos contra el patrimonio encabezan las estadísticas. Las detenciones derivadas de reclamaciones judiciales representan alrededor del 20% del total. Les siguen los hurtos, con un 14%, y los robos con violencia o intimidación, que alcanzan aproximadamente el 13%. También tienen un peso relevante los arrestos relacionados con delitos contra la salud pública, atentados contra la autoridad, desobediencias graves y casos de violencia de género, cada uno de ellos con porcentajes cercanos al 5%.
La publicación de información relativa al origen de los detenidos ha generado una intensa controversia institucional en el País Vasco. Mientras el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, dirigido por el lehendakari Imanol Pradales y el consejero Bingen Zupiria, mantiene la práctica de incluir la nacionalidad en determinadas estadísticas y comunicaciones oficiales, algunos ayuntamientos, entre ellos el de Bilbao, han optado por no facilitar habitualmente ese dato en sus notas de prensa.
El debate también ha alcanzado al ámbito judicial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha advertido de que difundir la procedencia de los arrestados puede comportar riesgos de estigmatización social superiores a los beneficios informativos. En sentido contrario, la jueza decana de Baracaldo, Sylvia Martín Blanco, considera que comunicar esos datos constituye un ejercicio de transparencia y sostiene que la ciudadanía tiene derecho a conocerlos, especialmente cuando determinados fenómenos delictivos presentan patrones que, a su juicio, merecen ser analizados.
