Un informe del gobierno danés ha revelado que casi tres cuartas partes de todas las personas condenadas bajo la conocida «sección de pandillas» del Código Penal pertenecen a familias de extranjeros o son descendientes de países no occidentales. Los datos, publicados por el Ministerio de Justicia en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada conservadora Mai Mercado, han reavivado el debate sobre integración, criminalidad y política migratoria en Dinamarca.
Entre 2018 y 2025, un total de 213 individuos fueron sentenciados en virtud del artículo 81a, una disposición que permite endurecer —incluso duplicar— las penas cuando se determina que un delito está vinculado a conflictos entre grupos criminales. De ellos, 54 eran daneses nativos, 36 inmigrantes procedentes de países no occidentales y 117 descendientes directos de esos inmigrantes. En conjunto, el 72% de los condenados tienen raíces extranjeras fuera de Occidente.
El dato resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que, según Statistics Denmark, sólo el 15% de la población total del país tiene origen inmigrante o es hijo de inmigrantes. Aun así, este reducido grupo concentra la mayoría de las condenas relacionadas con pandillas, un fenómeno que inquieta tanto a la clase política como a los investigadores sociales.
El experto Lars Højsgaard Andersen, de la Fundación Rockwool, señaló que los vínculos con países como Irak, Turquía, Somalia y Líbano son especialmente frecuentes en las estadísticas. En su opinión, las diferencias culturales y las percepciones sobre la autoridad y la ley podrían explicar parte del desequilibrio. Los datos más recientes confirman esa tendencia: el Líbano encabeza la lista con 35 condenados, seguido por Somalia (29), Irak (23) y Turquía (17).
El portavoz de inmigración del Partido Conservador, Frederik Bloch Münster, calificó las cifras de «alarmantemente elevadas» y reclamó una revisión profunda de las políticas de integración. La primera ministra Mette Frederiksen también se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la materia, advirtiendo que la inmigración descontrolada constituye «la mayor amenaza» para la cohesión del país. «Si llegan demasiadas personas que cometen delitos, que no comparten nuestros valores democráticos y que ponen en riesgo nuestra sociedad abierta, ese es el mayor peligro», alertó en mayo.
El debate coincide con la campaña del Partido Popular Danés (DF), que ha hecho de la inmigración su principal bandera de cara a las elecciones del próximo año. Su último programa electoral plantea medidas extremas: repatriaciones masivas, revisión de la ciudadanía y veto a las prácticas islámicas. Según su manifiesto, la llegada masiva de población de Oriente Medio y el norte de África ha generado “delincuencia, guetos culturales y pérdida de identidad nacional”.
A diferencia de otros países europeos como Alemania o Francia, Dinamarca continúa recopilando datos sobre el origen étnico y migratorio de las personas condenadas, algo que las autoridades defienden como una herramienta para evaluar la integración. Sin embargo, las estadísticas también muestran un patrón preocupante: los inmigrantes de segunda generación presentan tasas de criminalidad aún mayores que los recién llegados, una tendencia que muchos analistas interpretan como señal de un fracaso estructural en los programas de inclusión social.
