Un informe interno de la Policía Nacional al que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA desvela cómo las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, particularmente la decisión de acoger el buque ‘Aquarius’ en junio de 2018, convirtieron España en un imán para las mafias de la inmigración ilegal procedentes de África y Oriente Medio.
El documento se centra en las solicitudes de asilo registradas en la Oficina de Asilo de Melilla —un enclave estratégico que sirve como indicador clave de las entradas terrestres y marítimas hacia la Península—, pero sus datos revelan patrones de interés nacional; un pico exponencial de entradas en 2018 que enriqueció a las mafias.
El informe basa sus conclusiones en una muestra de entrevistas realizadas desde 2015 hasta 2019 y contabiliza un total de 7.150 solicitudes de asilo formalizadas como entradas ilegales en Melilla en dicho periodo: 2.999 en 2017, un salto a 4.026 en 2018 —un incremento del 34% que coincide con la llegada de Sánchez al poder y la recepción del Aquarius— y una estabilización en 2019.
Los incrementos más alarmantes afectan a nacionalidades específicas: Yemen pasa de 163 entradas en 2017 a 410 en 2018 (+152%), impulsadas por la guerra civil y deportaciones desde Arabia Saudí; Palestina sube de 179 a 628 (+250%), con origen mayoritario en Gaza bajo control de Hamás; y Malí crece de apenas 6 a 149 (+2.383%), por conflictos étnicos y yihadistas. Otros países como Túnez (de 0 a 124) y Argelia (de 74 a 223, +201%) registran crecimientos, pero el informe revela un patrón preocupante, pese a proceder de entornos belicosos o inestables, la mayoría alega motivos puramente económicos, no persecuciones genuinas que justifiquen asilo.
Las mafias controlan rutas complejas desde Mauritania y Libia hasta Oujda y Beni Enzar y se benefician directamente de este flujo. Estimaciones conservadoras basadas en los pagos mínimos reportados —como 800 dólares en Rafah para palestinos, entre 1.000 y 1.300 dólares en tramos de Mauritania-Argelia para yemeníes; entre 250 y 500 dólares en Malí-Argelia para subsaharianos; y más 300-800 euros en cruces finales a Melilla— permiten calcular que estas redes ingresaron al menos 10,5 millones de dólares (unos 8,9 millones de euros) entre 2017 y 2019. En 2017 alcanzaron alrededor de 3,8 millones de dólares, con rutas dominadas por sirios de pagos relativamente bajos y en 2018 registraron un pico de 5,2 millones (+37% respecto a 2017), alimentado por el aumento en palestinos, yemeníes y malienses con trayectos de alto desembolso económico. De esta forma, las mafias aumentaron sus beneficios casi un 40% tras la acogida del ‘Aquarius’.
Estos datos exponen cómo decisiones así generan un efecto llamada que enriquece a criminales y facilita la infiltración de perfiles muy problemáticos: varones jóvenes indocumentados (entre el 70 y el 90% de los casos), exmilitares argelinos, delincuentes o jóvenes de zonas yihadistas en Malí.
