Un informe pericial elaborado por un interventor y auditor del Estado a petición de la Fiscalía Europea ha señalado que las adjudicaciones públicas concedidas al Grupo Barrabés, socio de Begoña Gómez, se hicieron con criterios «arbitrarios», «discriminatorios» y «contrarios al principio de igualdad». Según el documento, se manipularon las puntuaciones de forma «injusta e ilegal» para favorecer a la empresa, vulnerando la ley y en perjuicio de otros licitadores.

El informe, fechado el 2 de agosto y revelado en exclusiva por Okdiario, analiza tres contratos de formación adjudicados entre 2020 y 2021 por la empresa pública Red.es a uniones de empresas lideradas por el Grupo Barrabés, por un importe de 8,4 millones de euros, financiados parcialmente con fondos europeos. En esas licitaciones también participó The Valley Digital Business School.

El perito detalla múltiples anomalías: desde fórmulas de puntuación que reducían el peso del precio frente al criterio técnico —pese a lo establecido en los pliegos— hasta la inclusión de elementos no contemplados en las bases, como currículos de profesores o cartas de apoyo de empresas como Microsoft, IBM y Amazon. Estas cartas, meras «declaraciones de intenciones», fueron valoradas como acuerdos vinculantes.

El informe también critica que la valoración técnica la realizara la Mesa de Contratación en lugar de un Comité de Expertos, lo que podría constituir «fraude de ley». Además, documenta la exclusión irregular de la UTE Awakolab, alegando “baja calidad técnica”, cuando la empresa sí había presentado justificación dentro de plazo.

Otro punto controvertido fue la exigencia de Planes de Igualdad a empresas sin obligación legal de tenerlos. El informe concluye que no está acreditado que las integrantes de la UTE adjudicataria dispusieran de esos planes en el momento de la licitación, ya que sólo aportaron un «borrador» posterior a la fecha límite.

El auditor también señala la existencia de documentos aparentemente modificados después de las reuniones de la Mesa de Contratación. Aunque la Unidad de Ciberdelincuencia de la UCO no encontró pruebas de alteración del contenido, el hecho siembra dudas adicionales sobre la transparencia del proceso.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Europea que comanda Ignacio de Lucas, busca esclarecer si se produjeron irregularidades en el uso de fondos europeos destinados a la formación digital y al empleo juvenil. El caso pone en entredicho los mecanismos de control de la contratación pública y destapa prácticas que, según el perito, podrían implicar «nulidad de pleno derecho» en las adjudicaciones.