La defensa de Begoña Gómez, representada por el exministro Antonio Camacho, ha vuelto a reclamar el archivo de la pieza separada en la que se investiga si la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, realizó gestiones privadas para la esposa del presidente del Gobierno.
Camacho defiende que el delito de malversación sólo puede cometerlo un funcionario público y subraya que la mujer de Sánchez no lo es. Añade que no hubo desvío alguno de recursos, ya que la asesora cumplió con las tareas propias de su cargo, sin que se viera condicionada por su papel en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
En la misma línea, tanto la Fiscalía como las defensas de Álvarez y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, han solicitado igualmente el sobreseimiento. El Ministerio Público recalcó que ni Gómez es trabajadora pública ni Álvarez funcionaria, por lo que no cabe atribuirles un delito de malversación. Respecto a Martín, la Abogacía del Estado sostuvo que «no se advierte» relación alguna con los hechos.
El abogado de Álvarez, José María de Pablo, fue más allá y afirmó que su clienta no puede ser considerada autora, sino «víctima» de la supuesta malversación. Por su parte, el letrado del Estado deslizó que, de existir responsabilidades, recaerían en antecesores de Martín en el cargo. En la vista se subrayó que la asesora dependía en la práctica del jefe de gabinete de Sánchez, no de la Secretaría General.
Frente a estas posiciones, la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pidió que se practiquen nuevas diligencias: que declaren de nuevo como testigos el propio presidente del Gobierno y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Recordaron que Bolaños fue el primer responsable de la Secretaría General de Presidencia a la que quedó adscrita Álvarez en 2018. El Tribunal Supremo ya descartó investigarle entonces.
La acusación también reclamó interrogar a la actual secretaria general, Judit González, y que se celebre un careo entre Álvarez y el exvicesecretario general de Presidencia, Alfredo González, que firmó su nombramiento. Asimismo, exige que se aporten las declaraciones de la renta y la información patrimonial de la asesora desde su llegada al Ejecutivo, junto con su historial laboral previo.
Igualmente, solicitó la comparecencia del exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, quien reveló que Álvarez actuaba como interlocutora en los asuntos de la cátedra.
Ahora, será el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, quien decida en los próximos días qué peticiones acepta. El magistrado ya adelantó que la resolución tardará más de los cinco días previstos debido a la elevada carga de trabajo y a que siguen pendientes dos informes clave de la UCO de la Guardia Civil.
Uno de ellos analiza el registro de llamadas del teléfono profesional de Álvarez para verificar si desde 2018 mantuvo contacto con empresas vinculadas a la cátedra, como Reale Seguros, Fundación La Caixa, Telefónica, Indra, Google o Manpower. El segundo se centra en más de 200 correos electrónicos que el vicerrector Doadrio dijo haber intercambiado con la asesora. Estos mensajes, ya en manos de la Guardia Civil, podrían ser determinantes para probar si las gestiones de Álvarez fueron algo más que «favores puntuales».
