La Audiencia Provincial de Navarra ha impuesto una condena de 23 años de prisión a un inmigrante de 35 años y de nacionalidad ecuatoriana, tras considerarlo responsable de haber sometido a abusos sexuales continuados a sus dos hijas menores durante varios años. Los jueces han considerado acreditado que los hechos fueron reiterados y que provocaron un grave perjuicio físico y psicológico a las víctimas.

La sentencia establece que el condenado deberá cumplir ocho años efectivos de cárcel en un centro penitenciario español, mientras que los quince restantes se sustituirán por su expulsión del país. A partir de ese momento, no podrá regresar a España durante 20 años, al imponerse una prohibición de entrada de diez años por cada uno de los delitos continuados por los que ha sido condenado.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha fijado importantes compensaciones económicas para las dos menores. La hija más pequeña recibirá 120.000 euros por los daños sufridos, mientras que la mayor será indemnizada con 30.000 euros. Ambas se encuentran actualmente bajo tratamiento psicológico y una de ellas llegó a presentar lesiones derivadas de los hechos.

El fallo también contempla medidas de protección a largo plazo: el acusado no podrá acercarse a menos de 300 metros de sus hijas durante 24 años en el caso de la menor y 14 en el de la mayor, y queda inhabilitado para ejercer la patria potestad y cualquier función tutelar durante varios años.

Según recoge la resolución judicial, los abusos comenzaron cuando las niñas aún no habían alcanzado la adolescencia. En una primera etapa, los hechos se produjeron mientras toda la familia convivía en el mismo domicilio, aprovechando el padre su posición de autoridad y superioridad. Cuando alguna de ellas se resistía, recurría a la fuerza para imponer su voluntad.

Tras la separación de los progenitores, alrededor de 2020, los episodios no sólo continuaron sino que se ampliaron, produciéndose durante las visitas de las menores al domicilio paterno. Parte de estas conductas eran presentadas por el acusado como juegos o gestos afectivos para ocultar su verdadera naturaleza.

El tribunal destaca que el comportamiento fue sistemático y prolongado en el tiempo, acompañado de promesas de que no volvería a ocurrir y advertencias a las niñas para que no contaran nada a nadie, bajo la amenaza de que él acabaría en prisión si lo hacían.

Ese silencio tuvo un impacto directo en la vida de las menores: bajaron su rendimiento escolar, cambiaron su carácter y vivieron durante años con una carga emocional que sólo se rompió cuando la hermana mayor se atrevió a contarlo primero a su entorno y después a una profesora, lo que permitió destapar los hechos. Según la sentencia, esa revelación supuso para ella un alivio claro tras años de ocultación.

El acusado permanece en prisión provisional desde noviembre de 2024, fecha en la que fue detenido. La Audiencia subraya que las menores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad debido tanto a su edad como al vínculo familiar, que facilitó la comisión y la prolongación de los delitos.