Un caso estremecedor ilustra la impunidad con la que operan los delitos cometidos en la ruta migratoria hacia Canarias. Según reveló El Confidencial, un inmigrante identificado arrojó a un niño de cinco años por la borda de un cayuco durante la travesía, con el objetivo de reducir peso. El crimen, pese a estar plenamente reconocido por la Fiscalía, no puede ser perseguido en España porque ocurrió en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción nacional.
La fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería de Canarias, Teseida García, explicó este episodio a los eurodiputados que visitaron El Hierro entre el 26 y 28 de mayo. «Lanzó a un niño de cinco años por la borda, pero no lo podemos detener porque era alta mar», relató la fiscal, subrayando que la Fiscalía española sabe quién es el culpable pero no puede actuar contra él.
El informe de la fiscal delegada recoge que este no es un hecho aislado. García advirtió de que asesinatos y violaciones grupales durante las travesías son más habituales de lo que se imagina la opinión pública. El principal problema es la dificultad de recoger pruebas y la necesidad de cooperación internacional. Además, la legislación penal vigente contempla penas muy bajas para estos delitos cometidos fuera del territorio español, lo que limita aún más las herramientas de investigación.
El informe también refleja la presión desbordada sobre el sistema de acogida. Según los datos, Canarias concentra el 65% de los menores extranjeros no acompañados en España, con unos 5.000 repartidos en las islas y 300 sólo en El Hierro. Centros como el de Valverde llegaron a superar el 200% de ocupación en 2024.
