La caída de Podemos tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 no sólo supuso su desaparición del núcleo duro del Gobierno. También activó un sistema de salarios e indemnizaciones que permitió a varios de sus antiguos dirigentes seguir cobrando cantidades elevadas durante meses, e incluso años, tras abandonar sus cargos en el Ministerio de Igualdad.

La salida de la entonces ministra Irene Montero, tras el hundimiento electoral de los morados en beneficio del proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, abrió una etapa de ceses en cascada dentro del departamento. Sin embargo, ese relevo político no se tradujo en un corte inmediato del gasto público asociado a la antigua cúpula.

Tras perder la cartera, Irene Montero comenzó a percibir 5.346 euros mensuales, el equivalente al 80% de su sueldo como ministra. Esta retribución se encuadra dentro de la indemnización por cese prevista para altos cargos del Ejecutivo, un privilegio que puede prolongarse hasta dos años.

En el caso de Montero, este ingreso se interrumpió al concurrir a las elecciones europeas y obtener un escaño en el Parlamento Europeo. Desde entonces, percibe 10.927 euros brutos al mes, según los datos oficiales del Parlamento de la Unión Europea actualizados en 2025. El salto salarial se produjo tras apenas unos meses fuera del Consejo de Ministros.

Mientras Montero daba el salto a Bruselas, otras dirigentes de su equipo continuaron cobrando indemnizaciones con cargo al erario público. La exsecretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez «Pam», percibió hasta el 30 de noviembre de 2025 un total de 7.515,55 euros mensuales, según los datos del Portal de Transparencia consultados por El Debate.

A esta lista se suma Noelia Vera, también dirigente de Podemos y cesada en octubre de 2021. Vera cobró 7.306,02 euros al mes hasta julio de 2023. En total, ingresó 148.983,32 euros tras su salida del Ministerio, sin ocupar ningún cargo público durante ese periodo.

Un Ministerio con salarios de élite

Con la llegada de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, el Ministerio mantuvo intacta su estructura salarial. Igualdad gestiona cerca de 500 millones de euros anuales y destina casi un millón de euros al año, en concreto 934.698,8 euros, exclusivamente a los sueldos de su cúpula directiva, integrada por sólo 12 personas.

En 2024, Ana Redondo percibió 89.275,52 euros. La secretaria de Estado de Igualdad cobró 130.473,83 euros anuales. La directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnica recibió 105.063,04 euros. El director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ percibió la misma cantidad. El secretario general técnico alcanzó los 104.188,89 euros.

A estas cifras se añaden los 108.688,53 euros de la directora general de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y los 124.493,73 euros del subsecretario del Ministerio. Incluso los puestos situados en la franja más baja superan con holgura el salario medio español. La directora de gabinete de la ministra cobra 80.423,72 euros anuales y la directora del Instituto de las Mujeres percibe 65.036,83 euros.

El mantenimiento de estos salarios y compensaciones se produce en un contexto marcado por la presión creciente sobre los servicios públicos derivada de la inmigración masiva descontrolada. Mientras aumentan los problemas de acceso a la vivienda, la saturación asistencial y la inseguridad en numerosas zonas del país, el Ministerio de Igualdad continúa blindado presupuestariamente.

La salida de Podemos del Gobierno no alivió el coste para el contribuyente. Los nombres cambiaron, pero los sueldos y las indemnizaciones permanecen como uno de los legados más visibles del paso de los morados por el Ejecutivo.