Un vecino de la localidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) se ha convertido en uno de los okupas más activos de toda Cataluña.
Según recoge La Vanguardia, no tiene empleo y su modo de vida consiste en okupar viviendas y chantajear a los propietarios para que le paguen a cambio de abandonar el piso —o vender las llaves a «familias vulnerables». En los últimos cuatro años acumula 225 denuncias y 31 detenciones, pero nunca ha ingresado en prisión.
Los procedimientos judiciales abiertos contra este delincuente son por delitos leves —se saldan, por tanto, con el pago de una multa—. El agravante de multirreincidencia —que fue aprobado en 2022 en el Congreso— no le afecta porque la reincidencia únicamente se aplica en los delitos de hurto, no en los delitos leves de usurpación de bienes inmuebles.
«Vamos a seguir defendiendo a los propietarios de sus viviendas frente a los okupas y advertimos que lo que se necesita no empadronarles, endurecer el Código Penal y dotar a la policía de medios y cobertura legal«, señala VOX. La formación ya recordó en el Congreso que la okupación y la inquiokupación «no son fenómenos marginales como siempre dice la izquierda»: «Ambos crímenes son el síntoma de una patria en la que su ley ha dejado de proteger al español honrado para amparar a los delincuentes».
Para VOX, una nación donde la propiedad privada no está protegida «deja de ser un pueblo libre» y pasa a ser «dominado por las mafias, por los okupas y por políticos que legislan contra su propio pueblo».
En este sentido, VOX recuerda que hoy los procesos judiciales para recuperar la vivienda okupada pueden superar los 18 meses y que durante ese tiempo el propietario tiene que seguir pagando impuestos, comunidad y suministros: «Es una injusticia propia de un pueblo sin ley».
