La Fiscalía Anticorrupción ha recibido nueva documentación que apunta al posible origen de las más de 60 joyas localizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha revelado El Debate, una testigo sostiene que las piezas no proceden de regalos personales, como defiende el exdirigente socialista, sino que habrían sido utilizadas para abonar una comisión irregular relacionada con la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.
La información ha sido trasladada al equipo de la fiscal Elena Lorente por una mujer que ocupó responsabilidades directivas en el ámbito de la contratación pública de una compañía española establecida en Arabia Saudí. La testigo, que ha remitido los documentos desde la ciudad de Yeda, asegura que las joyas formaban parte de un supuesto pago en especie equivalente al 2,5% del importe de uno de los contratos ferroviarios, concretamente el correspondiente a las labores de mantenimiento de la infraestructura.
El relato sitúa el origen de estas operaciones en las negociaciones desarrolladas a partir de 2009, cuando Zapatero todavía presidía el Ejecutivo español. Aunque el contrato terminó firmándose el 14 de enero de 2012, después de su salida de La Moncloa, la denunciante atribuye al expresidente un papel destacado en los contactos mantenidos entre representantes políticos, intermediarios y empresas interesadas en el proyecto. Asimismo, ha identificado a otras cuatro personas que podrían respaldar su versión: un negociador saudí y tres altos directivos españoles vinculados al sector.
Según la documentación publicada por El Debate, la testigo describe la existencia de una red de intermediación empresarial que habría participado en las negociaciones del proyecto ferroviario. En su declaración sostiene que Zapatero utilizó sus contactos políticos para favorecer determinadas operaciones y asegura que existen justificantes de pagos realizados a través de esas estructuras. Estas acusaciones forman parte de su testimonio y todavía requieren corroboración judicial.
La nueva información también cuestiona las valoraciones económicas conocidas hasta ahora. Mientras que la primera tasación encargada por el juez José Luis Calama situó el precio conjunto de las piezas por encima de 1,3 millones de euros, la testigo afirma que su valor real podría superar los cuatro millones. Esta estimación contrasta con el informe elaborado por los especialistas de Ansorena y deberá ser examinada para determinar su fundamento.
Entre los objetos intervenidos destacan varias piezas de elevada cotización: un collar de oro blanco de 18 quilates con diamantes y dos esmeraldas de Zambia, valorado en 278.000 euros; otro collar con trece zafiros tailandeses y diamantes, tasado en 220.000 euros; una tercera pieza con rubíes valorada en 155.000 euros y una pulsera con esmeraldas cuyo precio se calculó en 95.000 euros.
