Luis Antonio Gómez Piña, representante socialista por Pontevedra y portavoz adjunto de su grupo en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana durante la XV legislatura, figura como consejero delegado de Vilamide SL, una sociedad cuya actividad comprende el arrendamiento de inmuebles, según ha publicado Vozpópuli. Su vinculación empresarial trasciende en plena ofensiva del Gobierno para presentar la vivienda como una de sus principales banderas políticas.
La declaración patrimonial presentada por el socialista en febrero de 2025 recoge una participación de un tercio de la compañía, valorada en 1.010 euros. Entre los inmuebles pertenecientes a sociedades en las que participa también aparece un local comercial situado en Vigo y vinculado a Vilamide.
Una actividad autorizada por el Congreso
La relación de Gómez Piña con la empresa es anterior a su incorporación al Congreso en esta legislatura. En su declaración de intereses económicos sitúa el inicio de su actividad como consejero delegado en 2005 y especifica que desempeña esa responsabilidad sin remuneración.
El Pleno de la Cámara autorizó la compatibilidad de este cargo el 26 de junio de 2025. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 3 de julio, establece que su ejercicio debe respetar las limitaciones de la legislación electoral y no menoscabar la dedicación a las tareas parlamentarias.
Gómez Piña asumió la portavocía adjunta socialista en la Comisión de Vivienda en febrero de 2025. Desde esa responsabilidad participó en el órgano parlamentario encargado de abordar una de las cuestiones centrales del debate político: el acceso a la vivienda y la regulación del mercado residencial.
El patrimonio inmobiliario del entorno socialista
La información se conoce mientras Pedro Sánchez mantiene su discurso contra la especulación y los fondos de inversión. En ese contexto, las actividades inmobiliarias de representantes socialistas y de su entorno han adquirido protagonismo en la controversia sobre las políticas del Ejecutivo.
Uno de los casos recientes afecta a Sergi Vélez, pareja de la dirigente socialista Montse Mínguez, vinculado a empresas con alrededor de treinta pisos en alquiler. Mínguez ha defendido la legalidad de esos negocios y los ha descrito como una «empresa familiar».
En el caso de Gómez Piña, la documentación consultada acredita su participación societaria, el local comercial y su cargo directivo. No permite cuantificar cuántas viviendas explota Vilamide ni determinar su facturación o los beneficios que obtiene del arrendamiento de inmuebles.
