El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, acumula ya cerca de 250 casos documentados de presunto uso indebido de fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según el recuento realizado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, una plataforma que reúne a numerosas asociaciones feministas y que ha recopilado expedientes correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026.
Tal y como esta organización ha adelantado a The Objective, una parte de las partidas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres habría financiado actividades alejadas de los objetivos para los que fueron concebidos estos recursos. Entre los ejemplos recogidos figuran talleres de maquillaje, cursos de cocina, sesiones de zumba, conciertos, actividades deportivas, charlas sobre diversidad sexual, bancos morados, talleres de mandalas, carreras de tacones o incluso la instalación de mobiliario urbano y contenedores higiénicos.
La polémica comenzó a adquirir relevancia pública en abril de 2024, cuando la Alianza remitió a la titular de Igualdad un primer informe con decenas de actuaciones sufragadas con cargo a estos fondos. Entre ellas se incluían un concierto homenaje a Alejandro Sanz en Abrera, actividades de pelota vasca en Arnedo o jornadas recreativas con tiro con arco, pádel y actuaciones musicales en la localidad toledana de Bargas.
Tras recibir aquella documentación, Ana Redondo respondió por escrito comprometiéndose a revisar los casos denunciados y a determinar si se había producido un empleo inadecuado del dinero público. La ministra aseguró entonces que cualquier iniciativa que banalizara las políticas de lucha contra la «violencia de género» sería considerada no financiable y así se trasladaría a las administraciones responsables.
Sin embargo, la plataforma feminista sostiene que, pese a ese compromiso, continúan apareciendo nuevos expedientes susceptibles de ser cuestionados. En su última actualización, difundida esta misma semana, se han añadido nuevas actividades que, a juicio de la organización, tampoco guardan relación directa con la prevención o atención a las víctimas de «violencia machista».
Los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que movilizan varios cientos de millones de euros cada año, tienen como finalidad financiar programas específicos de prevención, protección, detección, asistencia y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres. El pasado mes de abril, el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas acordaron distribuir otros 160 millones de euros dentro de este marco.
Estas partidas son independientes del presupuesto ordinario del departamento que dirige Ana Redondo, que asciende a más de 500 millones de euros anuales. En los últimos años, distintas campañas y estudios financiados por el ministerio también han generado controversia política y social por el destino de algunos recursos públicos.
Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres consideran que el elevado volumen de recursos destinado a las políticas de igualdad no se está traduciendo en una mejora suficiente de la protección de las víctimas. La abogada Paula Fraga, portavoz de la organización, sostiene que el incremento de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente a sus agresores refleja la existencia de deficiencias institucionales y reclama que una mayor parte de los fondos se destine directamente a la asistencia y protección de las víctimas.
