Una auditoría externa encargada por el actual Gobierno balear ha detectado incumplimientos reiterados de la normativa de contratación pública, graves omisiones documentales y deficiencias de control en decenas de expedientes de compra de material sanitario tramitados durante la pandemia por el Ejecutivo autonómico que presidía la entonces presidenta Francina Armengol (PSOE).
El análisis, realizado por la empresa de auditoría financiera Netadia Europa y recogido por El Mundo, fue adjudicado mediante concurso público por el Ejecutivo que lidera Marga Prohens (PP), que decidió fiscalizar los contratos de suministros superiores a 100.000 euros tras el estallido en 2024 del caso Koldo, la trama de presunta corrupción vinculada al Ministerio de Transportes y a la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria.
La investigación judicial mantiene en prisión preventiva al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García y salpica de lleno a un contrato tramitado en Baleares durante el mandato de Armengol. Se trata de la compra por 3,7 millones de euros de un lote de mascarillas que nunca se utilizaron y que el Gobierno regional del PSOE adquirió a Soluciones de Gestión, una de las empresas bajo investigación por la Audiencia Nacional.
En el marco de esa causa, la investigación judicial documentó mensajes intercambiados entre Koldo García y la entonces presidenta balear, en los que el asesor del exministro llegaba a escribirle: «Cariño, te mantengo informada de todo».
El informe de auditoría, recién entregado al Ejecutivo autonómico, analiza 60 contratos de suministro de material sanitario formalizados entre 2020 y 2022, mientras permanecía declarada la emergencia por la pandemia de Covid-19. Todos superan los 100.000 euros y fueron tramitados por el área de sanidad pública del Gobierno de Armengol, el IB-Salut.
El examen coteja la documentación que respaldó cada compra, el dinero público abonado, los precios de mercado y los importes pagados por otras comunidades autónomas en operaciones similares.
Las conclusiones son contundentes. La auditoría detecta incumplimientos recurrentes de los estándares legales y de la normativa de contratación en la mayoría de los expedientes analizados. Aunque la legislación permitió una simplificación de los controles administrativos durante la emergencia sanitaria, el informe subraya que seguían existiendo obligaciones legales y filtros básicos de los que no consta su cumplimiento.
Algunas de estas irregularidades, de carácter formal pero relevantes desde el punto de vista del control del gasto público, aparecen en más del 90% de los expedientes fiscalizados.
Informes posteriores y expedientes incompletos
Uno de los hallazgos más reiterados es que más de la mitad de los contratos se tramitaron sin informes técnicos previos que justificaran de forma adecuada la necesidad de la compra. Así lo reflejan las fechas de las facturas, los pedidos y los albaranes, que en muchos casos preceden a cualquier documento de motivación.
El informe advierte de que esta práctica compromete la trazabilidad de las decisiones y debilita la legalidad de los procedimientos, incluso en un contexto de emergencia.
Netadia Europa también alerta de la ausencia total de mecanismos documentados para prevenir o detectar conflictos de intereses.
«Debería haberse dejado constancia de la aplicación de medidas para prevenir o detectar conflictos de intereses; sin embargo, no hay pista de auditoría, rastro documental, de dicha comprobación en ningún expediente», señala el informe.
Otra de las deficiencias señaladas es la falta de pruebas de que el material entregado fuera correcto. La auditoría identifica contratos en los que no figura ningún acta de recepción que certifique la correcta entrega del suministro.
Tampoco consta, en numerosos expedientes, comprobación de que el material se ajustara a lo pactado ni firma alguna de responsables. El informe considera este extremo esencial, ya que se trata de la única forma de que la Administración conserve una prueba fidedigna de las entregas de material sanitario.
El examen detecta igualmente incumplimientos de las medidas de publicidad y transparencia exigidas por la ley y señala que tres contratos, por un importe conjunto de 1,5 millones de euros, se ejecutaron con precios destacablemente por encima de los intervalos normales de mercado.
Los ex responsables del Gobierno de Armengol y la propia expresidenta balear han defendido siempre la legalidad de su actuación en sus comparecencias públicas, alegando que operaron en un contexto de colapso sanitario y tensión internacional, en plena carrera mundial por obtener material de protección.
La auditoría, sin embargo, pone negro sobre blanco que incluso bajo el paraguas de la emergencia existían límites legales, controles mínimos y obligaciones documentales que, según el informe, no quedaron debidamente acreditados en decenas de expedientes financiados con dinero público.
