La Audiencia Nacional ha denegado definitivamente a una mujer de nacionalidad marroquí con más de 20 años en España su solicitud de la nacionalidad española por residencia, al considerar que no ha acreditado el nivel de integración necesario exigido por la legislación vigente.
El tribunal respalda así el criterio del juez encargado del Registro Civil, quien valoró de forma negativa las respuestas ofrecidas por la solicitante en una entrevista destinada a evaluar su grado de adaptación cultural y social al país. Durante el encuentro, se le formularon cuestiones consideradas básicas para cualquier ciudadano español, tales como la identidad del autor de El Quijote o la figura histórica de Francisco Franco.
La mujer, según recoge la resolución judicial, no supo responder con claridad a estas preguntas, ni a otras relacionadas con la estructura territorial del Estado, los derechos y deberes constitucionales, la Transición democrática, festividades nacionales o personalidades destacadas de la cultura española. Además, el juez apuntó que la aspirante a la nacionalidad mostraba serias dificultades tanto para comprender como para expresarse en castellano, lo cual pesó de forma determinante en la evaluación final.
El procedimiento fue validado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de Registros y del Notariado), que emitió un informe negativo apoyado en el acta del juez del Registro. En él se hace constar que la solicitante «carece de un conocimiento mínimo sobre aspectos fundamentales de la vida social, histórica y política de España».
El artículo 22.4 del Código Civil establece que para la concesión de la nacionalidad española por residencia debe acreditarse un grado suficiente de integración en la sociedad. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional subraya en su fallo que, dado que la nacionalidad implica un vínculo jurídico más fuerte que la mera residencia legal, es razonable exigir al solicitante un nivel superior de adaptación al país y su cultura.
El tribunal añade que la nacionalidad no es un simple trámite administrativo, sino una decisión que otorga derechos plenos en el ámbito político, civil y social, por lo que debe ir acompañada de una mínima familiaridad con las instituciones, costumbres y lengua del país al que se desea pertenecer.
