Santiago Abascal tenía razón cuando aseguró este lunes, durante su entrevista con David Broncano en La Revuelta, que la perspectiva de género también había llegado a la construcción de viviendas. Aunque el presentador de TVE puso en duda sus palabras, existe un precedente judicial en la Comunidad de Madrid: en 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el plan urbanístico de Boadilla del Monte, que contemplaba hasta 26.000 nuevas viviendas, porque no se había elaborado un informe sobre su impacto de género.

El episodio se produjo el 19 de abril de 2017, cuando la Justicia madrileña anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el Partido Popular, había aprobado en 2015. El proyecto establecía las bases para construir hasta 26.000 inmuebles durante los siguientes quince años y permitir un importante crecimiento de la población del municipio.

Sin embargo, una reclamación presentada por un particular terminó poniendo en cuestión toda la planificación urbanística. Entre sus argumentos figuraba la ausencia de un estudio destinado a evaluar las consecuencias del proyecto sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Los magistrados consideraron entonces que la falta de este documento justificaba anular el plan, pese a que las administraciones implicadas defendían que no era obligatorio.

Según informó El Confidencial en mayo de 2017, el tribunal fundamentó su decisión, entre otras disposiciones, en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, impulsada durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. También invocó la Ley 30/2003, aprobada bajo el Ejecutivo de José María Aznar, que introdujo la valoración del impacto de género en la elaboración de disposiciones normativas del Gobierno.

La resolución responsabilizaba a la Comunidad de Madrid de no haber emitido el informe correspondiente y eximía al Ayuntamiento de Boadilla. Además, abría interrogantes sobre la seguridad jurídica de otros planes municipales aprobados sin evaluaciones similares.

El caso adquiere especial relevancia después del enfrentamiento televisivo protagonizado este lunes por Santiago Abascal y David Broncano. Durante su conversación sobre la crisis inmobiliaria, el presidente de VOX denunció la sobrerregulación que, a su juicio, dificulta la construcción de nuevas viviendas e hizo referencia expresamente a las exigencias relacionadas con la perspectiva de género.

«En el mercado de la vivienda hay mucha regulación que tiene que ver con la perspectiva de género», afirmó Abascal. Broncano cuestionó esa explicación y llegó a responder que aquello era «imposible».

No obstante, el episodio de Boadilla demuestra que los informes de impacto de género han llegado a tener consecuencias judiciales sobre la aprobación de instrumentos urbanísticos. La sentencia de 2017 afectó a un plan que contemplaba decenas de miles de viviendas y generó incertidumbre sobre su desarrollo.

El Tribunal Supremo terminó revocando aquella anulación el 10 de diciembre de 2018, al determinar que no podía exigirse a las comunidades autónomas un trámite específico de impacto de género que no estuviera previsto en su propia legislación urbanística. El Alto Tribunal mantuvo, en cualquier caso, que la igualdad entre mujeres y hombres debe tenerse en cuenta al planificar las ciudades.

De esta manera, aunque la decisión judicial de 2017 no acabó siendo definitiva, el precedente contradice la idea de que la perspectiva de género sea completamente ajena a la regulación urbanística, tal y como cuestionó Broncano durante su entrevista al líder de VOX.