En febrero de 2025, un grupo organizado de Okupas tomó el Grand Hotel Callao Sport, un establecimiento de 92 habitaciones en Adeje (Tenerife) que estaba en venta tras el cierre por pandemia. Desde entonces, ha sido tomado por más de 300 personas, muchas de ellas alquilando estancias, además de zonas comunes como spa o economato, por hasta 3.000 euros, según denuncian los propietarios.
Ante esta situación, los dueños presentaron denuncias civiles y penales. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Arona, encargado del caso, rechazó las medidas cautelares de desalojo. El juez consideró que no hay «indicios de criminalidad suficientes» y calificó el desalojo preventivo como una medida «exagerada», argumentando que los ocupantes tienen derecho a ser escuchados.
La resolución exige identificar y citar individualmente a todos los okupas, una tarea prácticamente irrealizable dada su rotación constante. Según los dueños, la propiedad está siendo utilizada como alojamiento comercial: «Están lucrándose a costa de una propiedad ajena».
El conflicto ha disparado los costes para los propietarios: deben seguir abonando la hipoteca, los impuestos y una factura de luz que se ha multiplicado por cinco, alcanzando gastos superiores a 30.000 euros mensuales.
También preocupa el riesgo para la seguridad. Se han detectado bombonas de gas en las habitaciones, el sistema antiincendios no funciona, y hay depósitos de gas parcialmente llenos. Estas condiciones elevan el peligro de un incidente grave .
La propietaria asegura que la ocupación no responde a necesidades sociales, sino a un «chantaje»: la mafia okupante habría exigido 250.000 euros y una vivienda alternativa para abandonar el edificio.
El conflicto ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Los propietarios esperan que se revoque la decisión, aunque advierten que el proceso puede tardar meses, prolongando la ocupación y los perjuicios económicos.
