La ONG Save The Children ha pedido priorizar la presunción de minoría de edad en la identificación de los inmigrantes ilegales llegados a Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, ha percibido 32,5 millones de euros en ayudas públicas desde 2022, de los que 26,5 millones procedieron de forma directa del Gobierno.
La organización formuló esa exigencia a raíz de la crisis abierta en la ciudad autónoma el 30 y el 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos. El Ministerio del Interior ha ido elevando el recuento de menores identificados: de 1.898 a mediados de agosto a más de 2.500 en los últimos datos comunicados por el Ejecutivo. En paralelo, Save The Children ha sostenido que miles de niños y adolescentes permanecen aún fuera del sistema de protección y ha reclamado que, ante cualquier duda, se les trate como menores.
«La identificación de la minoría de edad no puede entenderse como un mero trámite administrativo: es la puerta de entrada al sistema de protección. Ante cualquier duda, debe prevalecer la presunción de minoría y garantizar que ningún niño o niña quede desprotegido por haber sido considerado adulto», afirmó Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la entidad.
La ONG sostiene que no deben practicarse pruebas de determinación de edad a quienes presenten una minoría «indudable» y que, cuando existan fotocopias de pasaporte, certificados de nacimiento u otros documentos, debe presumirse de forma provisional que la persona es menor mientras se verifica la documentación original. También pide que las pruebas médicas se reserven como último recurso. Como ejemplo, ha citado el caso de una joven a la que, según relató, se atribuyeron 26 años tras una prueba médica pese a haber aportado una fotocopia de documento que, a su juicio, acreditaba la minoría de edad.
Esa posición se produce en un contexto de saturación extrema en Ceuta, con centros de menores desbordados y un debate político abierto sobre el reparto territorial, las repatriaciones y la fiabilidad de los procedimientos de edad. La presunción de minoría determina el acceso a tutela, plaza en el sistema de protección, escolarización y un régimen jurídico distinto al de un adulto irregular. Por eso la demanda de Save The Children no es sólo un criterio técnico: condiciona quién entra en el circuito de menores y quién queda fuera.
Las cuentas de la propia fundación muestran una entidad de gran tamaño. En 2025 declaró ingresos de 65,3 millones de euros; en 2024, 67 millones; y en ejercicios anteriores se situó en torno a los 66 millones. Una parte relevante de esa financiación es pública. En las cuentas auditadas, las subvenciones imputadas al resultado superaron los 27 millones en 2023 y los 26,5 millones en 2024. En 2025 la partida de subvenciones públicas realizadas se situó en 22,09 millones.
Esas cifras no equivalen automáticamente a dinero del presupuesto español. Incluyen fondos de la Comisión Europea, Unicef, AECID y otras agencias. La consulta de concesiones en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin embargo, sitúa en 32,5 millones las ayudas públicas registradas a favor de la fundación desde 2022, con 26,5 millones atribuidos de forma directa a la Administración General del Estado. Entre las partidas de mayor impacto figura la subvención de 7,3 millones del Plan de Recuperación para un proyecto de inclusión ligado al Ingreso Mínimo Vital.
Save The Children no limita su actividad a la frontera. Trabaja contra la pobreza infantil en España, opera en emergencias internacionales y mantiene incidencia política sobre infancia migrante. En Ceuta ha desplegado un equipo de seguimiento y ha pedido más recursos, identificación temprana y traslados. El contraste que queda sobre la mesa es otro: la misma organización que presiona para que la duda se resuelva siempre a favor de la minoría de edad ha concentrado decenas de millones de euros públicos en apenas cuatro años.
Esa coincidencia no demuestra, por sí sola, un conflicto de intereses. Sí obliga a preguntar si las recomendaciones de una entidad tan dependiente de fondos públicos se están midiendo con el mismo rigor con el que se examina el colapso de Ceuta, la capacidad real de los sistemas autonómicos de menores y el riesgo de que adultos se beneficien de un régimen pensado para niños.
