La Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos ha llevado ante distintos mecanismos de Naciones Unidas sus acusaciones sobre la gestión de la invasión de Ceuta y ha reclamado una investigación sobre las supuestas vulneraciones de derechos sufridas por inmigrantes durante y después de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.
La organización ha remitido un informe a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha trasladado sus conclusiones a distintos relatores internacionales, según ha comunicado la propia entidad y recoge el medio marroquí Hespress. Paralelamente, ha enviado una copia íntegra del documento a la Embajada de España en Rabat acompañada de una carta con sus reclamaciones.
Entre los destinatarios se encuentran los relatores especiales sobre los derechos de los inmigrantes, tortura y otros tratos crueles, racismo y xenofobia, violencia contra mujeres y niñas, trata de personas y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. La organización también asegura haber trasladado información a mecanismos relacionados con los derechos de los menores.
La Liga pretende que se investiguen las denuncias recogidas durante las últimas semanas, se identifiquen posibles responsabilidades individuales e institucionales y se determine qué ocurrió con las personas que continúan figurando como desaparecidas. Entre sus exigencias incluye expresamente analizar la actuación de quienes participaron en “el mando, la supervisión y la toma de decisiones” durante la crisis.
El movimiento supone un nuevo paso en la estrategia de la organización para internacionalizar los acontecimientos de Ceuta. La Liga, vinculada al partido conservador marroquí Istiqlal, ya había presentado a comienzos de septiembre un informe en el que describía lo ocurrido como una supuesta “crisis humanitaria y de derechos humanos a gran escala” y reclamaba una investigación internacional bajo supervisión de Naciones Unidas.
Aquel documento dirigía acusaciones tanto contra España como contra Marruecos. La organización sostenía que agentes de seguridad de ambos países habrían empleado una fuerza excesiva contra algunos de los inmigrantes durante la invasión y reclamaba esclarecer las circunstancias de las muertes registradas aquellos días. También pedía un registro conjunto y transparente de fallecidos y desaparecidos.
Las acusaciones son, por ahora, alegaciones de la propia organización y no hechos determinados por Naciones Unidas ni por una investigación judicial internacional. La remisión de un informe a los relatores especiales tampoco implica que la ONU haya abierto una investigación contra España ni que haya dado validez a su contenido.
La Liga sostiene, sin embargo, que el envío constituye únicamente el comienzo de su ofensiva internacional y anuncia que continuará llevando el asunto ante organismos de Naciones Unidas, instituciones internacionales y entidades dedicadas a los derechos humanos.
La organización ya había ejercido presión sobre España directamente. El pasado 2 de septiembre convocó una concentración ante la Embajada española en Rabat para denunciar el supuesto trato recibido por ciudadanos marroquíes en Ceuta. A la protesta acudió apenas una docena de personas y fue desplazada por la Policía marroquí a una zona situada a varios cientos de metros de la legación diplomática.
En aquella comparecencia, el presidente de la Liga, Adil Tchikitou, defendió la creación de una comisión internacional que reuniera los distintos mecanismos de Naciones Unidas y contara con representantes de organizaciones españolas y marroquíes. La entidad llegó a reclamar responsabilidades a ambos países por las actuaciones registradas durante la invasión.
La nueva ofensiva ante Naciones Unidas llega, además, en un momento de fuerte tensión entre España y Marruecos por la reconstrucción de los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
La documentación desclasificada por el Gobierno español ha revelado que el CNI advirtió el 29 de julio a los servicios secretos marroquíes de las convocatorias difundidas en redes sociales para intentar entrar en Ceuta por mar y por la valla. Los informes posteriores de los servicios españoles han cuestionado además la actuación de las fuerzas marroquíes durante las horas decisivas de la invasión.
La Audiencia Nacional mantiene abierta precisamente una investigación para determinar qué ocurrió y esclarecer la posible participación de autoridades marroquíes. La instructora, María Tardón, ha apreciado indicios de una actuación favorecedora por parte de efectivos del país vecino y analiza si lo sucedido pudo constituir un ataque contra la integridad territorial española.
Marruecos ha rechazado públicamente cualquier responsabilidad en la entrada masiva y sostiene que no existe ningún documento que demuestre que sus autoridades organizaran la operación. Rabat asegura además haber abierto su propia investigación interna y mantiene que está dispuesto a readmitir a ciudadanos marroquíes que continúan en Ceuta.
En ese contexto, la Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos trata ahora de desplazar el foco hacia la respuesta española y colocar ante distintos mecanismos internacionales las denuncias sobre el trato dispensado a los inmigrantes.
La organización exige que se esclarezcan los hechos, se determine el paradero de los desaparecidos y se depuren responsabilidades en las cadenas de mando. Por ahora, Naciones Unidas se limita a ser destinataria de la documentación presentada por la entidad marroquí: no consta que haya abierto una investigación contra España ni que haya respaldado las acusaciones recogidas en el informe.
