Una propietaria de Moncofa (Castellón) logró este mes de noviembre recuperar su vivienda después de cinco años de pleitos, enfrentamientos judiciales y un desgaste emocional que ella define como “un calvario”. La mujer, Kathy Díaz, denunció que su inquilina dejó de pagar el alquiler en 2020, se acogió después a la normativa extraordinaria aprobada durante la pandemia y se atrincheró en el inmueble hasta convertirlo en un espacio insalubre e irreconocible.
El dúplex, detalla El Debate, que Kathy destinó primero a veraneo y después a alquiler para asumir gastos familiares, reapareció ante su propietaria como un auténtico vertedero: habitaciones cubiertas de excrementos, muebles destrozados, paredes ennegrecidas y restos de al menos catorce gatos muertos. La inquiokupa, una mujer de edad avanzada, se marchó llevándose otros quince animales y dejando tras de sí un hedor que los vecinos soportaron durante años.
El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando la inquilina firmó el alquiler por 300 euros mensuales y solo cumplió el pago durante un año. Desde ese momento, según relata la propietaria en declaraciones a Radio Castellón, la mujer dejó de asumir cualquier gasto, acumuló deudas y utilizó el “escudo social” decretado por el Gobierno durante la pandemia como protección para no abandonar el piso. Kathy intentó frenar el deterioro de la vivienda cortando los suministros eléctricos y de agua, una decisión que provocó hasta tres denuncias por coacciones interpuestas por la propia moradora.
La propietaria tuvo que esperar a que esos procesos concluyeran para iniciar la denuncia por okupación, un retraso que se sumó a la saturación de los juzgados. Durante ese tiempo, afirma que vivió una etapa de “impotencia e incertidumbre”. Ni el Ayuntamiento de Moncofa ni los Servicios Sociales acudieron al domicilio pese a conocer, según sostiene Díaz, que en su interior convivían decenas de gatos en condiciones deplorables.
Tras dos años de espera, el juicio se celebró. Antes de llegar a esa fase, la propietaria incluso ofreció perdonar la deuda si la ocupante entregaba las llaves. Recibió como respuesta una burla: “Me vaciló diciendo que conocía el Real Decreto”. Para Kathy, el caso demuestra cómo una norma creada supuestamente para proteger a personas vulnerables ha terminado convertida en refugio para quienes “abusan del sistema” y dejan a los propietarios desamparados.
Díaz, presidenta de Aprovij —asociación que agrupa a dueños afectados por la inseguridad jurídica— recalca que su historia no es una excepción: “Esto no es vulnerabilidad. Esto es impunidad. Esto es lo que han protegido: a quien revienta una casa, abandona animales y destroza un hogar. No a quien lo ha levantado con su esfuerzo.”
Cuando por fin pudo acceder al dúplex, el panorama fue devastador. El olor a excrementos impregnaba toda la escalera del edificio, motivo de quejas continuas de la comunidad. “Se me saltan las lágrimas. Ver las habitaciones destrozadas y llenas de excrementos de gato es muy duro”, declaró.
La propietaria calcula daños superiores a 40.000 euros, a los que se suman cinco años sin percibir alquiler y la carga emocional de un proceso que no considera cerrado. “No es una victoria. Recuperar la casa no compensa el tiempo perdido ni la sensación de abandono institucional”, lamenta.
Kathy denuncia que la responsable del destrozo se marcha sin consecuencia alguna, mientras la legislación vigente sigue protegiendo a la parte que okupa y dejando a los propietarios a su suerte. “Este no es un final feliz. Es la prueba de que miles de propietarios han sido desprotegidos bajo un sistema que debería haberlos amparado”, concluye.
