Una mujer llamada Yaiza Sotorrio ha desvelado que un concejal del PSOE de Puerto del Rosario –capital de Fuerteventura– la acosó sexualmente en 2019 y que, tras poner los hechos en conocimiento del Ayuntamiento, fue apartada de su puesto sin que, seis años después, haya recibido una disculpa por parte de los responsables políticos implicados, pese a existir una condena judicial.
Sotorrio ha decidido romper ahora su silencio para relatar un proceso que define como largo, solitario y profundamente desgastante. Entró en la política municipal como cargo de confianza y, según su testimonio, lo que comenzó como una relación laboral normal derivó rápidamente en una dinámica marcada por insinuaciones, comentarios sexuales explícitos y una presión constante basada en una posición de poder.
Los hechos quedaron reflejados en una sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario, dictada en julio de 2022, que condenó al entonces concejal José Juan Herrera Martel, del partido local Plataforma por Fuerteventura, a cuatro meses de prisión por un delito continuado de acoso sexual, según avanza OkDiario. El fallo recoge que el edil realizó reiteradas propuestas de carácter sexual a través de mensajes privados, principalmente por Facebook Messenger, durante varios meses de 2019.
Según la resolución judicial, el concejal envió decenas de mensajes de madrugada con un tono explícito y vejatorio, insistiendo pese a las negativas claras de Sotorrio. Frases de contenido sexual directo y alusiones a mantener relaciones en dependencias municipales forman parte del relato probado por el tribunal. Ella respondió de forma reiterada rechazando cualquier relación que no fuera estrictamente profesional, pero el acoso no cesó.
La situación no se limitó al ámbito digital. Sotorrio relata que en el entorno laboral sufrió comentarios sobre su cuerpo, miradas incómodas y bromas con otros compañeros sobre su aspecto físico. El episodio más grave, según consta en la sentencia, se produjo en el despacho del ayuntamiento, cuando el concejal volvió a exigir una respuesta sexual directa.
Ante esta situación, Sotorrio decidió pedir ayuda dentro del propio consistorio. Se dirigió a la entonces primera teniente de alcalde, María Ángeles Marichal, psicóloga de profesión, quien consideró los hechos graves y los trasladó al alcalde, el socialista Juan Domingo Jiménez González. Sin embargo, según la víctima, la respuesta institucional fue el silencio.
Poco después, en junio de 2020, Sotorrio fue cesada de su puesto. El alcalde, pese a conocer la denuncia de acoso, procedió a su despido. La afectada sostiene que su salida también estuvo relacionada con advertencias que había realizado sobre posibles irregularidades administrativas, lo que agravó aún más su situación personal y profesional.
Finalmente, decidió denunciar. Explica que lo hizo asumiendo un coste personal enorme, como madre y como figura pública, y sin respaldo del equipo de gobierno. El apoyo, afirma, llegó únicamente desde la oposición. El proceso judicial se prolongó durante dos años hasta la primera condena, que fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial. El concejal condenado ha recurrido ahora al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado.
Ese recurso le permitió intentar regresar a la vida política, aunque no logró el respaldo de los votantes. El alcalde, por su parte, fue absuelto en la vía penal y volvió a presentarse a las elecciones, resultando elegido como concejal, aunque más tarde dimitió tras verse implicado en un accidente de tráfico. Sotorrio lamenta que nunca haya recibido una disculpa por parte de ninguno de ellos.
