La política migratoria en España vuelve a evidenciarse como una puerta abierta a la irregularidad. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en mayo de este año se concedieron 17.486 autorizaciones de residencia a extranjeros no comunitarios. De ellas, 5.779 —casi un tercio— se otorgaron a personas que habían llegado al país de manera ilegal y que fueron regularizadas a través del mecanismo de arraigo o por circunstancias excepcionales, según informa The Objective.
El «arraigo» se ha consolidado en la última década como la principal vía de legalización de inmigrantes en situación irregular. Este mecanismo permite a quienes han permanecido en España durante al menos dos años, o tienen vínculos familiares, obtener papeles con el aval de un informe de integración emitido por las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Se exige no tener antecedentes penales recientes, pero no es necesario haber entrado de forma legal al país.
Desde 2014, el Estado ha concedido 1,79 millones de permisos de residencia, de los cuales cerca de medio millón se otorgaron por arraigo. Marruecos y Colombia son las nacionalidades más beneficiadas, con 269.662 y 151.000 autorizaciones respectivamente. El 53% de los permisos recayó en hombres, predominando los africanos en ese grupo, mientras que en las mujeres el peso principal corresponde a Iberoamérica.
El mercado laboral que absorbe a estos nuevos residentes se concentra en la agricultura, la construcción y el servicio doméstico. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades donde más permisos se han concedido en 2025.
Aunque una de cada seis solicitudes de residencia es rechazada, España se ha convertido en el país de la Unión Europea que más inmigrantes regulariza, con un volumen cinco veces superior al de Francia en relación con la población. Esta situación se suma a los procesos extraordinarios de regularización impulsados por gobiernos tanto del PSOE como del PP en las últimas décadas, que beneficiaron a más de un millón de personas.
