El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha ordenado reforzar la seguridad de los edificios administrativos bajo su competencia para blindarlos frente a la okupación. Una decisión que choca con la imagen que él mismo dio hace unos meses, cuando viajó a Málaga para visitar La Casa Invisible, un inmueble municipal ocupado desde 2007 al que llegó a calificar de «centro cultural de referencia».
El propio Ministerio asegura que todos sus inmuebles «cuentan con los mecanismos de protección y seguridad adecuados». Desde julio, además, el contrato de vigilancia incluye el servicio ACUDA, que garantiza una intervención inmediata en caso de alarma para comprobar la situación «in situ».
Sin embargo, la postura contrasta con la visita de Urtasun a Málaga en marzo, donde recorrió las instalaciones de La Casa Invisible y elogió tanto su programación como sus residencias para creadores. Destacó que el centro ha participado en programas impulsados por el propio Ministerio como «Cultura y ciudadanía». Preguntado por la orden de desalojo dictada por el Ayuntamiento, el ministro dijo que su visita era «institucional» y no suponía un respaldo directo, aunque insistió en el valor cultural del proyecto.
El contraste se agrava por la situación política. Mientras el ministro protege sus sedes y elogia un centro okupado, la Ley Antiokupación del Partido Popular continúa paralizada en el Congreso. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha prorrogado hasta en 54 ocasiones el plazo de enmiendas, lo que impide que la iniciativa avance.
El texto, aprobado en el Senado en febrero de 2024 con amplio respaldo –incluidos Junts y PNV–, contempla medidas contundentes: desalojo en 24 horas de forma voluntaria o en 48 horas de manera forzosa, prohibición de empadronamiento para los okupas y un endurecimiento de las penas en el Código Penal.
Año y medio después, la propuesta sigue encallada, pese al empuje de la vicesecretaria popular de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, que lidera esta iniciativa. Fuentes de Génova apuntan que el PSOE teme «otro fracaso público» y por ello evita que la norma llegue a debate.
Mientras tanto, la okupación continúa al alza. En 2024 se registraron 16.426 denuncias, lo que equivale a 45 cada día y supone un incremento del 7,4% respecto a 2023. El Senado ya advirtió del problema con 147 votos a favor frente a 104 en contra y 9 abstenciones, un resultado que anticipa un nuevo revés para Sánchez si la ley llega al Congreso.
El doble discurso de Urtasun —blindar sus edificios mientras muestra simpatía por un centro okupado— refleja la incoherencia de un Gobierno que al mismo tiempo mantiene bloqueada la única iniciativa legislativa de calado contra la okupación en España.
